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Quito, Ecuador (EFE).- La Alternativa Bolivariana para los pueblos de América (ALBA), junto a la República Dominicana, decidió crear un mecanismo de coordinación regional para la defensa conjunta en procesos de arbitraje internacional interpuestos por trasnacionales contra países latinoamericanos.
Esa es una de las principales conclusiones de la I Conferencia Ministerial de Estados Latinoamericanos Afectados por Intereses Trasnacionales, convocada por la ALBA y que se celebró este lunes en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil.
"Desde hoy nace un nuevo mecanismo de defensa y colaboración en asuntos de inversiones y trasnacionales", aseguró el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, al resumir la cita en la que participaron representantes de Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, República Dominicana, San Vicente y Las Granadinas, y Venezuela.
Además de esos países que forman la ALBA, también acudieron delegados de Argentina, Guatemala, El Salvador, Honduras, México y Uruguay.
El secretario ejecutivo de la ALBA, el venezolano Rodolfo Sanz, y también el canciller de ese país, Elías Jaua, participaron en la reunión.
En una declaración firmada por los países de la ALBA, y que será puesta a consideración de los gobiernos de los otros seis países, los participantes en la cita de Guayaquil resolvieron constituir un Comité Ejecutivo de la Conferencia.
Ese organismo estará encargado de "diseñar y ejecutar acciones de apoyo mutuo en los ámbitos político y jurídico" a los países de la región que se vean inmersos en controversias arbitrales con trasnacionales.
También deberá "coordinar la defensa conjunta de acciones jurídicas a través de equipos legales internacionales de expertos y abogados profesionales", así como "diseñar estrategias de comunicación, como contrapeso a las campañas globales emprendidas por las compañías trasnacionales".
Ecuador, en un primer momento, se encargará de la coordinación del Comité, que deberá reunirse en un máximo de cuatro semanas en la capital venezolana, según señala el texto de la Declaración.
También se creará un "Observatorio Internacional" financiado con aportes de los países que formen parte de la Conferencia, encargado de apoyar a los Estados demandados y difundir públicamente la situación de los litigios.
Dicho organismo de investigación también deberá identificar procedimientos que permitan "auditar, evaluar, monitorear" la "acción de los tribunales internacionales de arbitraje en materia de inversiones".
Un grupo de especialistas de Ecuador, República Dominicana y Venezuela deberán presentar una propuesta, en menos de tres meses, para la creación de dicho organismo, sostiene la resolución.
En la cita de la ALBA también se apoyó el proyecto de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para constituir su propia corte de arbitraje para casos de comercio e inversiones, como una alternativa a los actuales sistemas arbitrales.
Ese tribunal de Unasur estaría listo este mismo año, si es aprobado en la reunión de cancilleres de la Unión que se celebrará en julio próximo.
Además, en la cita de Guayaquil se resolvió que la II Conferencia de Estados Afectados por Intereses Trasnacionales se efectué en Venezuela en unos tres meses.
En la Conferencia, la experta uruguaya Cecilia Olivet, recordó que América Latina es la región con la mayor cantidad de procesos arbitrales en su contra.
Según ella, Argentina, Venezuela, Ecuador, México y Bolivia acaparan el 27 por ciento del total de casos en el mundo.
"Se ha creado una industria del arbitraje internacional que sostienen principalmente las firmas de abogados y los mismos árbitros de Estados Unidos, Europa y Canadá", aseguró Olivet.
De su lado, el superintendente de Control del Poder del Mercado de Ecuador, Pedro Páez, recordó que desde el año 2007 su país ha propuesto estudiar alternativas que surjan desde los países del Sur ante lo que denominó "chantajes de trasnacionales en controversias".
Páez incluso sugirió la creación de un Centro Latinoamericano de Solución de Controversias orientado al fortalecimiento de la soberanía nacional y regional y al desarrollo de la seguridad jurídica. EFE