La mayoría de las sentencias emitidas por la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) durante la actual gestión del procurador Francisco Domínguez Brito podrían ser anuladas o revisadas, en caso de que se determine que los representantes del Ministerio Público ante esa corte cesaron en sus funciones luego del cambio de Gobierno el 16 de agosto del 2012.
El caso salió a relucir ayer durante la ventilación de una audiencia del senador Félix Bautista, lo que motivó a la Cámara Penal del máximo tribunal a dictar una sentencia mediante la cual solicita a la Procuraduría General de la República una lista con los nombres de los procuradores adjuntos facultados legalmente para subir a estrado en dicha corte.
La situación se produce en virtud de que la Constitución establece que el procurador general de la República escoge la mitad de sus adjuntos y el presidente de la República la otra mitad.
Tras ser nombrado, el procurador Domínguez Brito escogió la mitad de sus adjuntos, pero el presidente de la República todavía no ha nombrado la mitad que le corresponde, por lo que algunos adjuntos que no fueron ratificados continúan ejerciendo sus funciones en representación del Ministerio Público ante la SCJ.
En la audiencia del martes, el doctor Tony Delgado, abogado del senador Bautista, le advirtió al tribunal que la procuradora adjunta Ana Burgos no tenía calidad para representar el Ministerio Público, debido a que no figura entre los confirmados en el cargo por el procurador.
Fuente: El Nacional