Los demandantes reclaman el cumplimiento del artículo 170 de los estatutos del PRD, que en su párrafo único establece: “La distribución de los ingresos se hará siguiendo el siguiente criterio: El cincuenta por ciento (50%) será administrado por la Secretaría Nacional de Finanzas, y el restante cincuenta por ciento (50%) será distribuido a los Municipios, en proporción al número de militantes”.
Argumentan que desde su asunción al cargo de presidente del partido, Vargas Maldonado ha administrado cerca de 1,000 millones de pesosprovenientes de la contribución estatal dispuesta por la Ley Electoral (275-97), sin embargo, no han recibido las proporciones correspondientes conforme el estatuto.
Señalan que el pasado 12 de julio Vargas Maldonado fue intimado mediante acto de alguacil, para que disponga la entrega de los recursos, pero no ha obtemperado.
Los demandantes son Freddy Ramón Fernández, presidente del comité municipal del PRD en Salcedo; Juan Villar Sánchez, de Villa Tapia; Basilio Polanco Sosa, de Gaspar Hernández; Víctor Sánchez, de Moca; Eugenio Cedeño, de La Romana; Isidro Torres, de Santo Domingo Norte; Domingo Batista, de Santo Domingo Este; José Diógenes Contreras, de Cevico; Demetrio Antonio Paulino, de Nizao y Héctor Moscat Lora, de Baní.
También Silfredo Antonio Romero Garabito, de Villa La Mata; Héctor Rosa, de Hato Mayor; Rafael Serrano, de Sabana de la Mar; Mateo Raulín Rijo, de San Cristóbal; Francisco Solimán, de Higüey; Rafael de Luna, de Sabana Grande de Boyá; Juan José Morales, de Samaná; Rafael Collado, de La Vega; Diógenes de León, de Yamasá; José Tomás de la Cruz, de Vicente Noble; César Álvarez, de Santiago; Juan Alberto Estévez, de San José de las Matas, y Manuel Guillermo Peña, de San Juan de la Maguana.
El grupo se vale de los servicios legales de Antoliano Peralta Romero, Samuel Pereyra Rojas, Luis Ramón Pérez y Ramón Ernesto Pérez.
Fuente: 7 Dias