Su planteamiento surge a raíz de las quejas de ciudadanos que han expresado su imposibilidad de conseguir un trabajo o crédito debido a que su historial crediticio, con montos pendientes, o saldados con mora, es tomado por las empresas en las que solicitan empleo.
Algunos de estas quejas fueron presentadas en dos historias publicadas por DL en sus ediciones del jueves y ayer viernes.
“Aquí no hay ninguna ley que proteja los datos de las personas… lo único
que existe es un proyecto que hay que revisarlo, pero urge una ley de
protección de datos personales, acorde con el artículo 44 de la Constitución
que invoca el derecho a la intimidad, y parte de la intimidad de la gente
son sus datos personales”, indicó Paulino.
Considera como una falla a la sociedad la falta de informaciones sobre sus derechos, lo que -dice- lleva a asumir como válida la transferencia de datos que hacen los burós de crédito.