
Castillo se refirió en estos términos, al tiempo que emitió alerta sobre organismos de intereses especiales que quieren, a su entender “descalificar la función pública”. “No es verdad que en la administración pública no hay gente capaz ni honesta. Hay mucha gente buena, correcta, calificada, con vocación de servicio.
Hemos logrado un gran avance con la implementación de normativas de transparencia, como la carrera la administrativa, que garantiza un servicio de calidad y la permanencia en el desempeño público”, acotó el funcionario.
En ese orden, el jurista explicó que la IPAC será un mecanismo examinador de pruebas y evidencias que soporten las denuncias públicas, a través del apoyo de mesas de discusión con diversos sectores, cada 60 ó 90 días, para que estos conozcan a fondo lo que ha denominado el “Estado por dentro”.
Además, aseguró que de esta manera se evitarían denuncias “perversas e irresponsables” en base a falsedades que, desde organizaciones con intereses particulares, sólo buscan desalentar a aquellos que aspiran servir a su país, afectándose la moral de las personas.
Ante la presencia del superintendente de pensiones, arquitecto Joaquín Gerónimo; Castillo tomó juramento a la comisión de ética integrada por Raúl Hernández, director de Gestión Estratégica; Nermis Andújar, encargada de soluciones, controversias y sanciones; Pedro José Castillo Rodríguez, director administrativo y financiero; Daysi Montero, responsable de la Oficina de Acceso a la Información; María Gabriela Lalane, encargada de gestión de capital humano; Christy Lied, encargada de compras; Leymi Lora Córdova, directora legal; Arianny Marie Pérez Antonio, encargada de control financiero y Fabricio Alfredo Latour Rimoli, encargado de soporte técnico.
También estuvieron presentes por parte de la DIGEIG Miguel Suazo, director ejecutivo; Verónica Guzmán y Simón Castaños de las Divisiones de Comisiones de Ética y Jurídica respectivamente.
Fuente: El Nacional