SANTO DOMINGO.- El Centro Bonó instó al Gobierno a mejorar la coherencia entre el discurso ético y los niveles de transparencia que exhiben las instituciones públicas, en muchas de las cuales todavía hay resistencia a ofrecer datos al público para materia de análisis y monitoreo.Según la entidad, desde el mismo Gobierno se boicotea la implementación de las leyes y ordenanzas que rigen la compra y contratación de obras del Estado, además de que es inconsistente la información de los organismos como por ejemplo sucedió con el reporte de ejecución de fuentes financieras del Gobierno Central al cierre del año 2012 que mientras en el Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) se registraron RD$151,394 millones,en la Dirección General de Contabilidad Gubernamental se reportó un total de RD$187,774 millones y finalmente la Dirección de Crédito Público, RD$191,816 millones".
El Centro Bonó destacó la necesidad de fortalecer la veeduría que ejercen varios ciudadanos designados recientemente por el Poder Ejecutivo, la ciudadanía y los medios de comunicación, aunque explicaron que la misión de estos observadores no puede sustituir la funciones de contraloría que tienen el Gobierno, el Congreso Nacional, Procuraduría General de la República o los tribunales.
Este mes el encuentro tuvo la participacion del analista Carlos Pimentel,del área de Transparencia de Participación Ciudadana, Yocasta Guzmán, directora general de Compras y Contrataciones Gubernamentales, Juan Castillo de la Fundación Solidaridad y Alice Auradou del Observatorio de la Democracia Social, estas dos últimas entidades operan en Santiago.
Pimentel destacó que pese a las señales de transparencia y austeridad con que inició la actual administración pública las malas prácticas anti-éticas persisten.
Mientras que la directora de Compras y Contrataciones Públicas indicó que el sistema de compras y contrataciones públicas es acaparado por unas pocas empresas.
Una situación que indicó tiene que cambiar para que el 20% de compras estatales que deben recibir las Mimpymes, y que está establecido por ley, se cumpla, y las pequeñas, micro, y medianas empresas puedan beneficiarse de la demanda de bienes y servicios del Gobierno.
"El reto mayor es llevar confianza en un sistema donde hay demasiados intereses", apuntó.
Fuente: Diario Libre