Así lo reveló a reporteros de Acento.com.do una fuente el organismo fiscalizador.
Las experticias habrían arrojado “dispendio y malversación de recursos público por cientos de millonarios de pesos” en instituciones como el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Dirección de Información de Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), las empresas de Trasmisiones Eléctricas Dominicana (ETED) y de generación Hidroeléctricas Dominicana (EGEHID).
Otras auditorías que estarían preparadas para ser entregadas a la DPCA, conforme a la fuente oficial, son las levantadas al Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), al Concejo Nacional para la Reglamentación y Fomentos de la Industria Lechera (CONALECHE), al Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), al Fondo de Desarrollo del Trasporte Terrestre (FONDET), al Consejo de Nacional de Zonas Francas (CNZFE) y a la Dirección General de Pasaportes.
El DPCA sólo ha procedido con acusaciones en los casos de Amable Aristy Castro, Elías Wessin Chávez, Héctor Rodríguez Pimentel, Ángel Lockward, entre otros.
Estas 22 auditorías se sumarán a otras 54 entregadas por la Cámara de Cuentas de la República al Ministerio Público desde el 2002 hasta la fecha. Sin embargo, muy pocas han tenido consecuencias en el Ministerio Público y en el Justicia.
Entre las remitidas al organismo anticorrupción, y que permanecen archivadas, están las auditorías practicadas a la Lotería Nacional, a la Dirección General de Migración, a la Autoridad Portuaria Dominicana, a la Oficina Metropolitana de Servicio de Autobuses (ONSA), a la Marina de Guerra (hoy Armada) y las de varios ayuntamientos y juntas municipales.
Figuran, además, las auditorías hechas al Fondo de Promoción de las
Iniciativas Comunitarias, la de la Academia de Ciencia de la RD, la del
Ministerio de Industria y Comercio, la del Departamento de Pensiones y
Jubilaciones de Hacienda y la del Hospital Maternidad Nuestra Señora de la
Altagracia.
También, el Ministerio Público recibió de la CCRD las auditorias críticas de 18 ayuntamientos municipales y de 16 Juntas Distritales de diferentes provincias, “habiéndose detectado indicios graves de corrupción en la administración de los recursos asignados”.
El órgano de control financiero dirigido por Licelott Marte de Barrio destaca las auditorias hechas a los Ayuntamientos de Santiago, Santo Domingo, San Francisco de Macorís, Villa Altagracia y La Vega, Cotuí, Santo Domingo de Guerra, San José de Ocoa, así como las Juntas Distritales de Santo Domingo Oeste, El Higüero, El Pozo, Hatillo Palma, La Romana, La Terrena, en Samaná y Cabarete, entre otros.
De 76 auditorías hechas a las administraciones del gobierno del Leonel Fernández, de las cuales 54 están en el Ministerio Público, al menos 11comprometen a funcionarios de partidos aliados al oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
El DPCA sólo ha procedido con acusaciones en los casos de Amable Aristy Castro, Elías Wessin Chávez, Héctor Rodríguez Pimentel, Ángel Lockward, entre otros.
Los funcionarios del PLD han tenido mejor suerte, ninguno ha sido acusado a partir de una auditoría. El gobierno de Danilo Medina mantiene en el Estado a muchos de los funcionarios del PLD cuyas gestiones presentan un mal manejo de los fondos públicos.