Silvestre Abreu, calificó de saludable la obtención por parte del organismo de la orden de arresto en contra del alcalde Félix Manuel Rodríguez Grullón; la tesorera Fiordaliza Genao Hernández y el ex encargado de nomina del cabildo Jerson Lizardo Pérez, por cuanto los elementos de pruebas que se aportan en la auditoria práctica por la Cámara de Cuentas los incriminan.
El abogado dijo que en esa asociación de malhechores hay más implicados que en su momento deberán ser requeridos.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), acusa a Rodríguez Grillòn, Genao Hernández y Lizardo Pérez, de desfalco, prevaricación, uso de documentos falsos, abuso de confianza y asociación de malhechores, crímenes y delitos sancionados por los artículos 123, 145, 150, 166, 167, 169, 170, 171 y 174, así como 265 y 266 del Código Penal Dominicano.
“Nosotros como ciudadanos, como afectado por este vil robo de nuestros recursos, vamos a constituirnos en actor civil, vamos a reclamar vía los tribunales, la confiscación de lo bienes adquiridos por esta pandilla y la restitución de los mismos al patrimonio del municipio”, expresó enfáticamente el presidente del Consejo redefensa del Patrimonio Institucional Municipal.
Recordó que la institución que dirige aportado documentaciones muy importantes a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, donde se demuestra la riqueza que el alcalde del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Félix Manuel Rodríguez Grullón, no puede justificar con el salario que devenga.
Significó que además están los detalles que aparecen en la auditoria realizada por la Cámara de Cuentas, “donde se demuestra el dispendio de los recursos municipales, el gran desorden, el saqueo imperante en el cabildo francomacorisano”.
Dijo que es saludable la decisión adoptada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), de abrir un proceso judicial contra los saqueadores del patrimonio municipal, señalando que estarán atentos al curso que pueda tomar el proceso judicial en contra de los funcionarios municipales.