SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- Solo la presidenta y los cuatro miembros de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia), les cuestan a los bolsillos del país 34 millones de pesos al año, sin incluir viáticos, teléfonos y combustibles, pese a que no rinden servicio alguno que mejore la calidad de vida de los consumidores, denunció este domingo la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH).
En la declaración suscrita por su presidente Víctor Castro, la entidad no oculta su molestia con “la pasarela oficialista” de Michelle Cohén, presidenta de Pro Competencia, “que devenga 500,000 pesos al mes para hacer anuncios de intenciones, contactos sociales y en fin, puras relaciones públicas”.
El presupuesto de este año es de 96.6 millones de pesos.
“En la medida en que se regule la competencia, desmontando los carteles económicos y los abusos de posición dominante, los consumidores tendrán más calidad y mejores precios en los bienes y servicios”, añade Castro.
De acuerdo el dirigente empresarial, Pro Competencia sigue siendo inoperante seis años después de haber sido promulgada la ley que la crea. Inoperancia contrasta, apunta, con el alto costo que tiene para el país.
“Por lo que hemos podido observar, esa entidad no puede recibir expedientes sobre prácticas que afectan la eficiencia económica de los mercados porque el gobierno aún no designa al director ejecutivo, una suerte de fiscal que pondría en marcha los casos, pese a que todos los miembros fueron juramentados en 2012”, explica Castro.
Se extraña, y lo confiesa, de la apatía del Poder Ejecutivo en el nombramiento de una figura incorporada en la Constitución como parte del desarrollo de una economía social de mercado y se pregunta cuáles intereses impiden su designación.
El dirigente empresarial releva que la situación en Pro Competencia contradice el discurso del gobierno del presidente Danilo Medina de gobernar para la gente, porque la falta de regulación de la competencia en los mercados deteriora a ojos vista la calidad de vida de los consumidroes.
“En la medida en que se regule la competencia, desmontando los carteles económicos y los abusos de posición dominante, los consumidores tendrán más calidad y mejores precios en los bienes y servicios”, añade Castro.
“Ya produce hartazgo ver a Pro-Competencia atascada en la impotencia, haciendo cursitos, seminarios, reuniones, viajes, estudios, y pagando asesorías a expertos, pero no comienza a funcionar; su tiempo para organizarse ya ha sido suficiente y estos aspavientos son una ofensa a los ciudadanos”, proclamó Castro.