El expresidente de Guatemala Alfonso Portillo se declaró hoy culpable ante un tribunal federal estadounidense de un cargo de conspiración para lavar dinero en este país.
Portillo reconoció su culpabilidad en una comparecencia ante el juez federal James Patterson y está a la espera de la sentencia, que se conocerá el próximo 23 de junio, según indicaron a Efe fuentes de la fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York.
El exmandatario guatemalteco, de 62 años, podría ser condenado a una pena máxima de veinte años de prisión y a una multa de 500.000 dólares o el doble del dinero implicado en las transacciones ilegales.
Portillo fue extraditado a Nueva York en mayo del año pasado desde Guatemala para responder por los cargos que se le imputaban de conspiración para el blanqueo de dinero obtenido ilegalmente durante su mandato (2000-2004).
En su primera comparecencia judicial tras su extradición, el pasado 28 de mayo, el expresidente guatemalteco se había declarado inocente de los cargos.
Portillo fue acusado en enero de 2010 por la fiscalía federal de Manhattan de un cargo de conspiración para el lavado en cuentas bancarias estadounidenses de decenas de millones de dólares obtenidos ilegalmente durante su mandato (2000-2004).
El acta de acusación de la oficina del fiscal federal Preet Bharara señalaba tres episodios en los que Portillo y sus cómplices malversaron dinero público, que luego fue desviado hacia cuentas personales en Estados Unidos y Europa con el fin de blanquearlo.
"Portillo está acusado de convertir el puesto de la Presidencia de Guatemala en su cajero automático personal", había señalado el fiscal federal Bharara al hacer pública la acusación contra el exmandatario.
La entrega de Portillo a EE.UU. fue autorizada en noviembre de 2011 pero no se materializó hasta mayo de 2013, un mes después de que la Corte de Constitucionalidad rechazó una última petición de amparo del expresdiente.
En cambio, la Justicia guatemalteca ha exonerado al expresidente, en la última ocasión en abril del año pasado, cuando una Sala de Apelaciones de Guatemala ratificó la sentencia absolutoria dictada en mayo de 2011 por un caso de corrupción.