JULIÁN ROA, EL ALCALDE FELIZ MANUEL RODRÍGUEZ GRULLÓN PODRÍA SER SUSPENDIDO SI SE LE PRIVA DE SU LIBERTAD O SE INICIE UN JUICIO
A pesar de que el alcalde de San Francisco de Macorís se le haya impuesto como medida de coerción una garantía económica, presentación periódica durante seis meses e impedimento de salida del país, tras ser acusado de malversar unos 100 millones de pesos, este podrá continuar ejerciendo sus funciones.
De acuerdo a lo expresado por el presidente de la Asociación Dominicana de Regidores (ASODORE), Julián Roa, el alcalde Feliz Manuel Rodríguez Grullón podría ser suspendido si se le priva de su libertad o se inicie un juicio de fondo.
Explicó que en caso de ser privado de libertad, el Concejo de Regidores de su municipio o el Tribunal Superior Electoral podría proceder la suspensión y la vicealcaldesa pasaría a ocupar el cargo.
El artículo 44 de la ley 176-07 del Distrito Nacional y los municipios, establece que procede la suspensión en sus funciones de los síndicos y síndicas, vicesíndicos y vicesíndicas, regidores y regidoras, desde el mismo momento en el que: a) Se dicten en su contra medida de coerción que conlleven arresto domiciliario o la privación de libertad; b) Se inicie juicio de fondo en el que se les impute un crimen o delito que se castigue con pena privativa de libertad.
“Realmente lamentamos este caso de manera particular del alcalde de San Francisco al cual de manera personal queremos mucho, pero tenemos que entender sobre todo la municipalidad completa, ahora estamos hablando de un alcalde, pero en cualquier momento puede ser un regidor o director”, expresó
El también regidor del Distrito Nacional dijo que el que trabaja en la municipalidad tiene que saber que debe actuar con la mayor trasparencia. “La municipalidad tiene que entender que esa ley es para respetarse. Nosotros desde ASODORE hemos estado trabajando para que cada regidor entregue su declaración jurada de bienes, cosa que debe hacer todo funcionario público”.
La libertad del alcalde Feliz Manuel Rodríguez Grullón fue dispuesta por el juez de la Cámara Penal de la Corte de Apelación la provincia Duarte, el magistrado Claudio Aníbal Medrano Mejía, quien tomó la decisión luego de imponer como medida de coerción el pago de una garantía económica de cinco millones de pesos al alcalde; 500 mil pesos a la gerente financiera y 200 mil pesos al encargado de nóminas, así como la presentación periódica de seis meses e impedimento de salida del país.