El método de interpretación literal es ineficaz porque las palabras sueltas carecen de significados
SANTO DOMINGO.- El abogado Julio Cury aseguró que el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, interpreta literalmente y de manera aislada el artículo 22. 5 de la Constitución al declarar que que la Constitución solo establece como derecho de ciudadanía la posibilidad de los ciudadanos de presentar denuncias y no así, el interponer una querella.
Cury manifestó que el método de interpretación literal es ineficaz porque las palabras sueltas carecen de significado independiente y "porque pierden y adquieren nuevas acepciones con el correr del tiempo".
A través de un comunicado de prensa el jurista dijo que para descubrir la finalidad de una norma es aconsejable apelar al método teleológico o al sistemático, aduciendo que ninguna disposición legal se encuentra sola, sino que pertenece a un todo más amplio al cual hay que asociar para obtener su sentido.
"Si el artículo 22.5 de la Constitución se interpreta sistemáticamente con el 75.12, que impone como deber fundamental el de velar por el respeto del erario y por el ejercicio transparente de la función pública, y con el 146.1, que proscribe la corrupción, es claro que toda persona, en su condición de ofendida por la sustracción de recursos estatales, puede accionar contra los funcionarios a través de cualquiera de los actos iniciales del procedimiento preparatorio para la apertura de juicio", explicó.
Cury expresó que aún en el caso de que no fuese como sostiene, el ordenamiento jurídico no le prohíbe al ciudadano querellarse contra funcionarios, y señaló que el art. 40.15 de la Constitución dispone en términos tajantes que a nadie puede impedírsele lo que la ley no prohíbe. "Por consiguiente, lo que no está expresamente prohibido, está tácitamente permitido", apuntó.
SANTO DOMINGO.- El abogado Julio Cury aseguró que el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, interpreta literalmente y de manera aislada el artículo 22. 5 de la Constitución al declarar que que la Constitución solo establece como derecho de ciudadanía la posibilidad de los ciudadanos de presentar denuncias y no así, el interponer una querella.
Cury manifestó que el método de interpretación literal es ineficaz porque las palabras sueltas carecen de significado independiente y "porque pierden y adquieren nuevas acepciones con el correr del tiempo".
A través de un comunicado de prensa el jurista dijo que para descubrir la finalidad de una norma es aconsejable apelar al método teleológico o al sistemático, aduciendo que ninguna disposición legal se encuentra sola, sino que pertenece a un todo más amplio al cual hay que asociar para obtener su sentido.
"Si el artículo 22.5 de la Constitución se interpreta sistemáticamente con el 75.12, que impone como deber fundamental el de velar por el respeto del erario y por el ejercicio transparente de la función pública, y con el 146.1, que proscribe la corrupción, es claro que toda persona, en su condición de ofendida por la sustracción de recursos estatales, puede accionar contra los funcionarios a través de cualquiera de los actos iniciales del procedimiento preparatorio para la apertura de juicio", explicó.
Cury expresó que aún en el caso de que no fuese como sostiene, el ordenamiento jurídico no le prohíbe al ciudadano querellarse contra funcionarios, y señaló que el art. 40.15 de la Constitución dispone en términos tajantes que a nadie puede impedírsele lo que la ley no prohíbe. "Por consiguiente, lo que no está expresamente prohibido, está tácitamente permitido", apuntó.