PUERTO PLATA.- El ex Ministro de Trabajo doctor Maximiliano Puig Miller (Max), calificó como “una falacia realizada por una persona charlatana” la acusación de que presuntamente durante su último año de gestión pública se repartieron más de 70millones de pesos en privilegios a sus colaboradores del Partido Acción por la Democracia (APD).
Max Puig durante su intervención mediante la vía telefónica en el programa “Conversando con la Gente” de la estación radial Fantasía 90.5 FM en Puerto Plata, dijo que una persona a la cual identificó con el nombre de Julián Herrera se ha encargado de presentar esta tremenda falacia que en realidad no es lo que presenta el informe presentado por la Cámara de Cuentas.
Dijo que “en la auditoría realizada por la Cámara de Cuentas a mi gestión en el Ministerio de Trabajo, se hacen señalamientos y observaciones que más bien son recomendaciones, pero que en ninguna parte de este informe el cual se puede analizar en la página electrónica de esa institución, se alude el uso inadecuado de recursos económicos durante mi administración, ni mucho menos la desaparición de 3 vehículos como erróneamente se ha informado”.
El también ex ministro de Medio Ambiente, indicó que las transferencias de fondos públicos a cuentas particulares de que se le acusa fueron realizadas de forma transparente ya que mensualmente se destinaban 82 mil 500 pesos para alquiler de vehículos para esa dependencia la cual no poseía unidades y bajo su anuencia esa cifra se redujo a 50 pesos, lo que representó un ahorro para el Estado Dominicano de 97 mil 500 pesos por mes.
Asimismo, explicó que las tarjetas de crédito le fueron aprobadas por la Contraloría General de la República donde se puede comprobar que no hubo irregularidades en el uso de las mismas.
APD en la oposición
En el aspecto político, Max Puig reveló que la organización política que preside se encuentra en un estatus de oposición responsable al Gobierno haciendo planteamientos importantes en la modificación al Código Laboral además de que ha señalado que el modelo de crecimiento económico imperante hay que cambiarlo porque es completamente denigrante para las condiciones de vida de la ciudadanía.
Puig también criticó la sustitución del párrafo tres del artículo 85 del Código Procesal Penal, que les quita la prerrogativa a los ciudadanos dominicanos de querellarse contra cualquier funcionario publicó y calificó esa medida como un grave retroceso que atenta contra el sistema de libertades públicas y democráticas en la República Dominicana para establecer una especie de populismo penal.