Piden declarar constitucional artículo que permite al ciudadano querellarse contra funcionarios corruptos

Varias organizaciones piden al Tribunal Constitucional declarar la constitucionalidad del artículo 85, párrafo III, del Código Procesal Penal, que da potestad a cualquier ciudadano para querellarse contra los funcionarios públicos que en el ejercicio de sus funciones cometan hechos punibles o violaciones de derechos humanos.

Las entidades, encabezada por el Centro Juan XXIII, alegan que, como ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, hacen la petición y exhortaron a los de demás ciudadanos y organizaciones civiles a firmar y promover la solicitud a la alta corte a través de la página Change.org.

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Ente sus argumentos, señalan que el artículo 74.1 constitucional establece que la interpretación y reglamentación de los derechos y garantías fundamentales, reconocidos en la Constitución, “no tienen carácter limitativo y, por consiguiente, no excluyen otros derechos y garantías de igual naturaleza”.

Cita, asimismo, la parte 75.12 que consagra como un deber fundamental del ciudadano: “Velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública”.

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En ese sentido, entiende que toda limitación a la participación activa del ciudadano a reclamar como querellante justa reparación ante la justicia constituye una restricción al ejercicio de un deber fundamental.