SANTIAGO DE CHILE. La presidenta chilena, Michelle Bachelet, promulgó este viernes una la ley que pone fin al "multirut", una práctica empresarial con la que una misma firma utiliza a veces varias decenas de denominaciones legales diferentes, lo que afecta los derechos colectivos e individuales de los trabajadores.
Tras la ceremonia de firma de la norma, la mandataria destacó que con ella "ganan los trabajadores, ganan los sindicatos, pero también ganan las empresas que, al no tener conductas abusivas, tendrán mejores relaciones con sus trabajadores".
El uso del "multirut" o distintas razones sociales por parte de un mismo empleador, se ha traducido en que muchos trabajadores no han podido tener derecho a constituir sindicatos, que exigen un mínimo de ocho miembros; negociar colectivamente; o acceder a salas cuna.
Por ello, las organizaciones sindicales fueron las principales demandantes de la eliminación de este resquicio legal, que permitía a las firmas que lo usaban no cumplir con sus obligaciones laborales.
La iniciativa, que fue aprobada a mediados de junio por el Congreso tras siete años tramitación, establece que las obligaciones que derivan de los derechos laborales y de previsión social de los trabajadores, recaen sobre la figura del empleador y no sobre la de la empresa, como era hasta ahora.
Además indica que las empresas que sean consideradas como un mismo empleador, serán solidariamente responsables del cumplimiento de las obligaciones laborales emanadas de la ley, los contratos y convenios.
Bachelet destacó que los trabajadores de todas las empresas consideradas como un solo empleador podrán constituir uno o más sindicatos o mantener sus organizaciones existentes.
También podrán negociar con todas las empresas o con cada una de ellas, pero el derecho a establecer las tratativas recaerá en los trabajadores y sus sindicatos.
La ley determina, además, que son los tribunales de justicia los encargados de dirimir controversias sobre la identidad del empleador real, en los casos en que se requiera.
El magistrado tendrá la libertad necesaria para obtener todos los elementos de juicio que permitan su determinación y contará con un informe de la Dirección del Trabajo, junto con la facultad de solicitar los antecedentes que estime necesarios.
Si los empleadores no cumplen con las disposiciones establecidas en la nueva ley, se expondrás a multas de hasta 100 unidades tributarias, equivalentes a unos 7.000 dólares, las que podrán repetirse hasta que regularice su situación.