Un An-26 fue abatido a la altura de la localidad de Izvárino, en la frontera con Rusia, y sus ocho ocupantes se habrían catapultado o saltado en paracaídas antes de que se estrellara el aparato, con capacidad para una treintena de tripulantes.
Al principio se temió lo peor, ya que se habló de una veintena de soldados muertos, pero varios de los ocupantes del avión ya han sido apresados por la guerrilla que ha procedido a su interrogatorio, según las agencias rusas.
El ministro de Defensa de Ucrania, Valeri Gueletéi, informó de que, dado que el aparato volaba a una altura de 6,5 kilómetros, no pudo ser derribado con el armamento a disposición de los insurgentes prorrusos.
"Es decir, el avión fue abatido por otro armamento más potente que fue disparado, probablemente, desde territorio de la Federación Rusa", dijo el general durante una reunión con el presidente ucraniano, Petró Poroshenko.
El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Andréi Lisenko, sugirió que la aeronave pudo ser derribada por un misil X-24 lanzado por un caza que despegó del aeródromo ruso de Millerovo o por un sistema con cohetes antiaéreos Pantsir.
Este extremo fue negado rotundamente por los insurgentes ucranianos, que aseguran que cuentan en su arsenal con armamento sofisticado para abatir cualquier aparato de la Fuerza Aérea de Ucrania.
Se trata del segundo derribo de un avión de transporte ucraniano por los separatistas prorrusos, ya que hace hoy justamente un mes 49 soldados murieron tras ser abatido el Il-76 en el que viajaban en el aeropuerto de la ciudad de Lugansk.
Poroshenko denunció hoy que "en los últimos tres días contra las Fuerzas Armadas de Ucrania se ha utilizado un nuevo sistema ruso de lanzamiento de misiles".
Además, subrayó que "oficiales rusos dirigen acciones militares contra las fuerzas ucranianas".
Kiev acusa desde hace semanas a Moscú de permitir la libre circulación a través de la frontera de milicianos rebeldes equipados con armamento pesado, entre los que figurarían numerosos mercenarios rusos.
En un intento de rebatir las acusaciones ucranianas, Rusia invitó hoy a diez observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) a inspeccionar dos puntos fronterizos en Donetsk y Gukovo.
El "gesto de buena voluntad", como lo definió la Cancillería rusa, tiene por objetivo lograr el cese de las hostilidades en las regiones rebeldes de Lugansk y Donetsk, epicentro de la sublevación prorrusa desde principios de abril.
Precisamente, el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y el secretario general de la OSCE, Didier Burkhalter, pidieron hoy un alto el fuego sin condiciones durante una conversación telefónica.
"Se trata de alcanzar antes que nada un alto el fuego inmediato, estable y sin condiciones", indicó la Cancillería rusa en un comunicado.
El 1 de julio expiró el alto el fuego declarado de manera unilateral diez días antes por Poroshenko, que acusó a los rebeldes de incumplir el plan de paz anunciado tras su investidura a principios de junio.
Desde entonces, los combates se han recrudecido y las fuerzas gubernamentales han logrado algunos de sus mayores éxitos al reconquistar varios bastiones insurgentes, como Slaviansk y Kramatorsk, ambos en la región de Donetsk.
A la hora de declarar un nuevo alto el fuego, Poroshenko exige a los rebeldes el cese mutuo de las hostilidades, la liberación de los rehenes y el restablecimiento del control sobre la frontera ruso-ucraniana.
Poroshenko anunció hoy un cambio de táctica en la ofensiva gubernamental, al ordenar una reducción del campo de acción de la operación antiterrorista con el fin de "reforzar la defensa de las fronteras y hacer todo lo posible para proteger a la población civil".
Según informa la Presidencia, el líder ucraniano subrayó que la fase activa de la operación antiterrorista continúa en las regiones de Donetsk y Lugansk, cercadas desde la pasada semana por las fuerzas leales a Kiev.
El presidente destacó la importancia de garantizar el retorno al cauce legal de los territorios reconquistados por el Ejército ucraniano, en un intento de granjearse el respaldo de la población local.
"Las poblaciones liberadas deben recibir de inmediato un poder civil que pueda encargarse de la población, de la reconstrucción de la infraestructura, restablecer la vida pacífica y garantizar los pagos sociales", señaló.
Resaltó que la población de las localidades liberadas está colaborando con los militares ucranianos, ya que "ahora lo primero que quiere la gente es seguridad". EFE