Contrató millones sin licitar, y pagó por obras no terminadas
SANTO DOMINGO. Una auditoría financiera y de gestión realizada por la Cámara de Cuentas (CC) a la ejecución presupuestaria del Ministerio de Educación del año 2010, reveló "inobservancias contables y legales" en el manejo de los estados financieros de la institución que involucran montos millonarios.
SANTO DOMINGO. Una auditoría financiera y de gestión realizada por la Cámara de Cuentas (CC) a la ejecución presupuestaria del Ministerio de Educación del año 2010, reveló "inobservancias contables y legales" en el manejo de los estados financieros de la institución que involucran montos millonarios.
Según la CC, en el 2010, año en que era ministro Melanio Paredes, Educación realizó compras de mobiliario, útiles escolares, vehículos y desayuno escolar, por RD$3,338.6 millones, sin "evidenciar" la realización de licitaciones públicas. De acuerdo con el informe, la compra se realizó bajo la modalidad de "declaratoria de urgencia" para la apertura del año escolar 2009-2010, pero sin justificar la misma de acuerdo con la ley.
Pero esta no fue la única "inobservancia", la CC también detectó que en 2010, Educación compró bienes a empresas, cuya razón social no se correspondía con lo suplido, por RD$540.1 millones. Por ejemplo, cita el caso de Nipaul Trading, a la que compró RD$112 millones en mobiliario escolar, cuando esta compañía se dedicaba a la venta de artículos del hogar. Pero mucho más extraño es que le compró RD$58 millones a Suplidores Antillanos en mobiliario escolar, cuando la razón social de la empresa era la venta de componentes de vehículos.
Igualmente, "se confirmó", según la CC, que Educación realizó pagos por RD$440.5 millones a empresas a las que compró desayuno escolar, textos de enseñanza y equipos educacionles, pero que no estaban inscritas en el Registro Nacional de Proveedores del Estado, en violación al reglamento 490-07 para la aplicación de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios del Estado.
Sobre este caso, el informe dice que el ex ministro, refiriéndose a Paredes, planteó "que procedió a localizar algunos de los suplidores en dos de los rubros citados, presentando evidencia de éstos como inscritos como proveedores del Estado, confirmada mediante consulta a la página de Compras y Contrataciones, procediendo a realizar los ajustes correspondientes".
En cambio, la administración de Josefina Pimentel, que sustituyó a Paredes desde marzo de 2011, manifestó que en relación al desayuno escolar, "ciertamente el procedimiento utilizado hasta entonces no exigía el registro de proveedores del Estado a estos pequeños empresarios de la industria de la harina". Dice que lo anterior se evidencia en que los pagos fueron aceptados por los auditores de la Contraloría, con asiento en el Ministerio. Pero la CC, le insiste en no realizar pagos a proveedores que no estén inscritos en el registro.
Asimismo, se detectó que en el período evaluado, el Ministerio adquirió productos para el desayuno escolar por RD$23.6 millones a empresas afectadas por las prohibiciones de la ley, entre ellas, la Panadería Candy, propiedad del diputado Marino Collante. Sobre este último, el Minerd respondió "que se estaba evitando su ocurrencia".
Otros hallazgos
La auditoría da cuenta también que el Minerd no reportó en su estado financiero ingresos correspondientes a recursos externos para programas especializados, por RD$1,686. 6 millones.
Asimismo, reseña que hizo pagos por más de RD$10 millones a contratistas por trabajos no realizados. En este caso, la empresa involucrada fue Constructora Civil Group y/o arquitecto Edwin Arturo Domínguez Morillo, contratada para realizar trabajos en el Liceo Secundario Hato del Yaque, en Santiago. "Dicha obra fue rescindida sin el contratista completar los trabajos", señala el informe.
El documento evidenció pagos superiores a las cubicaciones por RD$3.8 millones.
La Cámara de Cuentas confirmó además, que el Minerd dejó de pagar a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) RD$215.7 millones por concepto de retención de impuestos sobre la renta a empleados, alquileres, honorarios, compras a proveedores, y retención de ITBIS a personas físicas, etc.
Los auditores de la CC encontraron, igualmente, pagos de viáticos dentro del país, sin documentos que los justificaran; pagos realizados usando fondos de otros programas, sobreestimación de las cuentas por pagar, ingresos extrapresupuestarios (donaciones) no depositados en la Tesorería Nacional, pago de horas extras no transparentadas, y ausencia de estudios de impacto ambiental en la construcción de obras.
En ese momento, se detectó que varias obras de centros educativos se empezaron a construir sin que los planos fueran aprobados por los organismos correspondientes. También aparecen addendas a contratos que exceden el 25 % máximo permitido por ley.
La Cámara de Cuentas dice que envió este informe a la Procuraduría General de la República, con atención especial a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, y otras instancias, para los fines correspondientes.
Componentes
En cuanto a la obsevación de los componentes, la auditoría reveló baja calidad en los productos suplidos en el desayuno escolar, y falta de higiene en la manufactura de los mismos. Igualmente, que la institución contrató con el Instituto Latinoamericano de las Comunicaciones (ILCE) por US$1.9 millones para el diseño de un manual para el uso pedagógico de los recursos tecnológicos en el aula (PIM-Aprende) pero hasta la fecha de la auditoría, el manual no había sido entregado, aunque se efectuó el pago.
Nómina
En la auditoría se detectó 160 personas, que si bien cobraron durante el 2010, no estuvieron en los puestos que estaban designados. "Ni son conocidos por el resto del personal que labora en esa entidad", dice el reporte. En el año 2010, estos 160 "empleados" cobraron RD$28.1 millones al Estado. El Ministerio indicó a la sazón, que este personal fue reubicado en otras dependencias de la institución. Pero la CC le respondió que si el personal fue reubicado, debió hacerse una acción de personal señalando el traslado.
La CC encontró 18 empleados que cobraban también en otra institución pública, y 26 con grado de consanguínidad.