La entidad manifestó que el magistrado Cruz Quezada no ha encontrado cómo justificar coherentemente y con base lo ocurrido durante la audiencia
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- EL Movimiento Cívico Ciudadanos Contra la Corrupción (C3), parte querellante en el proceso que se sigue a Víctor Díaz Rúa, apoderó a la Presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, de una aqueja en contra del Juez Leomar G. Cruz Quezada en su calidad de Juez Interino del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, por demorar el proceso que se conoce contra el ex ministro de Obras Públicas.
De acuerdo con la instancia de fecha 15 de septiembre de 2014, en virtud del artículo 152 del Código Procesal Penal, la parte querellante intimó al referido Magistrado, para en el plazo de 24 horas convocara a las partes e hiciera entrega de la copia íntegra de la resolución cuyo dispositivo fue leído el día 29 de agosto de 2014.
La entidad afirmó que en principio se anunció que la fecha para la lectura y entrega de la resolución sería el 5 de septiembre de 2014 a las 3:00 de la tarde; llegada la fecha y hora antes indicada, fue prorrogada para el miércoles 10 de septiembre de 2014, y luego se ha dicho que se produciría el 10 de octubre.
De acuerdo con los abogados Reemberto Pichardo Juan, Josefina Juan Viuda de Pichardo y Ricardo Díaz Polanco, el retardo resulta injustificado y violatorio a los artículos 143 y 335 del Código Procesal Penal, los cuales establecen, por un lado, que los plazos son perentorios e improrrogables y por otro lado, que salvo que el caso sea complejo, o se verifiquen circunstancias de fuerza mayor, la lectura y la entrega de la copia íntegra de las decisiones judiciales deben producirse dentro de los cinco días después de la audiencia.
Aducen además, que lo sucedido durante el proceso pone de manifiesto que la verdadera razón de la demora a la entrega de la resolución, se debe a que el magistrado Cruz Quezada “no ha encontrado cómo justificar coherentemente y con base lo ocurrido durante la audiencia, el mamotreto jurídico que constituye su decisión”.
Solicitaron a la Corte que otorgue al juez apoderado un plazo de 24 horas, para que convoque a las partes y produzca la lectura y entrega de la resolución debidamente motivada, y de lo contrario, que se envíe el expediente al Juez coordinador del Juzgado de Instrucción, para que designe a otro juez y así proceda a conocer el caso de nuevo, quedando sin efecto lo conocido y decidido por el juez Cruz Quedada, quien según afirmaron, no encuentra cómo justificar la decisión adoptada o la retarda atendiendo a algún tipo de manipulación.