La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) consideró que el nuevo Código Penal es una herramienta moderna que le permitirá al Estado contribuir a reducir los niveles de criminalidad que existen en el país y tornará más rápida la rehabilitación de muchos condenados.
El vicepresidente ejecutivo de FINJUS, doctor Servio Tulio Castaños, dijo que esa entidad ha participado activamente en el proceso de discusión de esa pieza legislativa y que la misma es el producto del consenso de amplios sectores de la vida nacional.
“El nuevo Código Penal, que debe ser promulgado, va a sustituir a una normativa penal material que tiene 130 años, que es anterior a la dogmática jurídico-penal moderna”, apuntó.
Castaños Guzmán dijo que si bien es cierto que algunas penas han sido aumentadas, eso en modo alguno vulnera el mandato constitucional que ordena rehabilitar y reinsertar a los condenados.
“Las penas más altas, de 30 a 40 años, se impondrán a delitos muy graves como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, las infracciones graves de guerra, los tratos crueles, inhumanos y degradantes que causen la muerte, el secuestro con tortura, la violación seguida de la muerte de la víctima, así como el sicariato, que no estaban tipificados en el Código Penal vigente”, explicó el abogado.
Indicó que “sin embargo, el nuevo Código Penal establece que esas penas altas podrán ser rebajadas o sustituidas por otras penas menores si los jueces entienden que hay circunstancias que atenúan la responsabilidad penal del imputado”.
“Un Código Penal no está diseñado para acabar con la delincuencia, sino para tipificar como delitos las conductas que lesionan y ponen en muy grave riesgo a bienes jurídicos protegidos, como la vida, la integridad física, la integridad sexual y otros que son protegidos en todas las sociedades civilizadas”, manifestó.
Castaños Guzmán dijo que cuestionar el nuevo Código Penal porque se castiguen con penas ejemplares delitos muy graves como el genocidio y la tortura, es desconocer que en todas las latitudes esas infracciones son conminadas con sanciones similares.
“La Constitución no prohíbe sancionar en forma ejemplar un delito muy grave. Lo que prohíbe es que las penas vulneren los principios de proporcionalidad, necesidad, utilidad y razonabilidad”, manifestó.
Calificó como un avance importante el establecimiento de institutos novedosos como el de la “prisión programada”, así como el de la “prisión por horas” y la “prisión de fin semana y días feriados”, para personas condenadas a menos de un año de prisión.
“Esas formas novedosas de cumplimiento de la pena, le permitirá a muchos dominicanos cumplir su pena y, al mismo tiempo, trabajar y ayudar a sus familias, con lo cual su rehabilitación y reinserción social será más rápida y efectiva”, aseguró.
El aborto terapéutico
Castaños Guzmán dijo que, del mismo modo, el nuevo Código Penal no debe ser criticado porque no despenalice totalmente el aborto.
“El derecho al aborto que reclaman algunas organizaciones es un tema muy debatido y de difícil solución, porque la Constitución establece que el derecho a la vida existe desde la concepción hasta la muerte”, manifestó.
Explicó que, a pesar de ello, cuando la vida de la madre se encuentra en peligro y ello es avalado por estudios médicos serios, “es probable que estemos en presencia de un estado de necesidad disculpante contemplado expresamente por el artículo 22 de la nueva normativa y amparado por el artículo 42 numeral 3 de la Constitución, expresamente mencionado por el texto que regula el aborto en el nuevo Código Penal”.
“El estado de necesidad ha sido tradicionalmente reconocido cuando la vida de la madre está realmente en peligro pues en estos casos se presenta una de esas situaciones difíciles y humanamente traumáticas en el Derecho, en la que, lamentablemente, dejar que la madre muera, en muchos casos, puede implicar, del mismo modo, la muerte inmediata del concebido”, indicó.
Castaños Guzmán dijo que el nuevo Código Penal ha incorporado varios institutos de la dogmática jurídico-penal contemporánea que procuran solucionar la colisión de bienes jurídicos que merecen igual tutela.