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SANTO DOMINGO.-El Pleno de la Junta Central Electoral -JCE - acordó ayer solicitar una audiencia con el presidente Danilo Medina para tratarle la situación financiera y presupuestaria de ese organismo, como consecuencia de la no asignación de los recursos que demanda en el 2015, para la organización y administración de las elecciones generales del 2016.
Al conocer durante su reunión de este martes la partida asignada de manera definitiva a la JCE en la Ley de Presupuesto y Gastos Públicos de la Nación para el año 2015 por un monto de 3,150,000 de pesos, el Pleno dice que comprobó que dicha suma es igual a la partida asignada en el año anterior y que no se cumplió con lo establecido en la ley 275-97, que establece "elaborar y ejecutar su presupuesto anual y el de sus dependencias, el que no podrá ser mayor del 1.5 % del Presupuesto de la Nación, el cual deberá ser incluido en el proyecto de Presupuesto y Ley de Gastos Públicos que el Poder Ejecutivo someta al Congreso Nacional, sin perjuicio de los gastos extraordinarios para ser aplicados a un proceso electoral".
En una comunicación de prensa, la JCE informa también que otro punto conocido por su Pleno fue sobre su ejecución presupuestaria, después que su Dirección Financiera le informara que al cierre del presente año tiene una proyección de deudas por un monto de 820 millones de pesos, a los cuales, afirma, se harán abonos por un monto aproximados de 200 millones de pesos para continuar con el proceso de la reducción de ese compromiso.
Cedulación en el exterior
El Pleno de la JCE conoció, además, sobre la ampliación de operativos de cedulación en el exterior, y acordó al respecto tratar ese tema a partir del mes de enero del próximo año a fin de determinar su factibilidad financiera.
Asimismo, trató el dictamen del Tribunal Superior Administrativo, el pasado 17 de este mes de noviembre.
Sobre este punto, el Pleno dice que el TSA, conforme se desprende de la parte dispositiva de la referida sentencia, rechazó las pretensiones de la parte accionante, el Movimiento Cívico Ciudadanos Contra la Corrupción (C3), y la interviniente Dirección General de Contrataciones Públicas.