SANTO DOMINGO. La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) expresó que se siente sumamente preocupada por las sugerencias de que el Congreso Nacional aproveche la discusión de la observación presidencial del Código Penal para introducir otros cambios en la normativa.
El vicepresidente ejecutivo de la entidad, Servio Tulio Castaños Guzmán, advirtió que se opone a esta pretensión, porque de materializarse constituiría una violación inaceptable al orden constitucional, y sentaría un precedente cuyas derivaciones podrían ser altamente dañinas al régimen político y social.
Expuso que la Cámara que recibe la observación debe colocarla en la agenda del día, y conocer exclusivamente los artículos señalados por el Poder Ejecutivo, pudiendo reiterar su aprobación, tal como fue originalmente votada, o acoger la observación.
“Si así lo hiciera, la Cámara debe aprobar nuevamente el proyecto de ley en su totalidad, porque en el país no existe la posibilidad de una promulgación parcial de la ley, como sí ocurre por ejemplo en la Argentina”. Comenta que la nueva discusión legislativa se realiza en una única lectura, donde sólo pueden ser ponderados los artículos sobre los cuales recayó la observación, quedando así vedado que el Congreso pueda enmendar durante este trámite aquellas partes del articulado de la ley que no hayan sido observadas por el Poder Ejecutivo.
Finjus alerta que no es posible que el Legislativo realice otras modificaciones al proyecto de ley durante el trámite que sigue a la observación presidencial porque esto provocaría una alteración en el proceso. Entiende que el Presidente de la República quedaría imposibilitado de ejercer su potestad de observación en relación a los contenidos modificados autónomamente por el Congreso.
Sugerencias
El Instituto Dominicano de Ciencias Penales, el Colegio de Periodistas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Foro de Juristas por la Democracia acudieron ayer a la Cámara de Diputados para entregarle a su presidente, Abel Martínez, un documento con 34 propuestas para “mejorar” el proyecto que modifica el Código Penal. Entre éstas sugerencias señalan 11 artículos que violan la Constitución.
En tanto, los abogados Cándido Simón y Carlos Bálcacer dijeron a los periodistas que es prudente que el tema del aborto no se trate con tanta pasión. Resaltan que el aborto terapéutico no está prohibido en la Carta Magna. Señalan entre los aspectos que deben revisarse: la corrupción como tipo penal especial, el incremento desproporcionado del cúmulo de penas y el régimen de penalidades, que lo tildan de absurdo.