LA ACUSACIÓN TAMBIÉN INCLUYE A OTRAS SEIS PERSONAS
La Procuraduría General de la República inició la presentación de la acusación formal por ante el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia en contra del senador por San Juan, Félix Bautista y otras seis personas.
La acusación fue presentada por ante el magistrado Alejandro Moscoso Segarra, por el Ministerio Público representado por el procurador general adjunto, Carlos Castillo, Laura Guerrero, Wilson Camacho, Milciades Guzmán, Narciso Escaño y Wagner Cubilete, procuradores adjuntos de Corte de Apelación.
En la acusación presentada en el tribunal a través de PowerPoint, se pide enviar a juicio de fondo y dictar prisión preventiva en contra del senador Bautista, Soraida Abreu Martínez, José Elías Hernández García, Bolívar Antonio Ventura, Carlos Manuel Ozorio, Bienvenido Apolinar Bretón y Gricel Aracelis Soler.
El procurador Castillo sostiene que la acusación partió del rumor público y múltiples denuncias difundidas en los medios de comunicación sobre un enriquecimiento del ingeniero Félix Bautista durante su gestión en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).
Manifestó que raíz de su designación, Félix Bautista logra hacerse de un ostentoso patrimonio adquiriendo numerosos muebles, inmuebles y cuentas bancarias millonarias en bancos nacionales e internacionales, resultando un hecho notorio y comprobado a través de las declaraciones juradas de bienes, cuando la única actividad importante que le era reconocida previo a la adquisición de sus riqueza, era la de director de la OISOE con salario de 57,000.
Expresó que los bienes que posee el legislador han sido obtenidos como productos de acciones en detrimento de los fondos públicos y en clara violación sobre la Ley de declaración jurada de bienes.
Indicó que para la 15 abril del 2005 el senador tenía un patrimonio de 9, 967,000 y 8,000 dólares y pasivos por valor de 2,300,000 y que al realizar la declaración de bienes incurrió en una serie de irregularidades en violación a la ley, el cual presento 8 meses después de su designación en el cargo.
Al grupo se acusa de violar los artículos 114, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 166, 167, 171, 172 y 175 del Código Penal Dominicano sobre falsedad de escritura privada, uso de documentos falsos, prevaricación, desfalco y asuntos incompatibles con la calidad de funcionario.
También de violar la Ley 82-79 sobre declaración jurada de bienes, que sanciona el enriquecimiento ilícito; la Ley 41-08 sobre Función Pública; la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancia Controladas y otras infracciones graves.