La palabra
justicia es símbolo de transparencia, equidad, es el bien colectivo de cada
sociedad, es la garante de la armonía desde su nacimiento. Su conjunto de
pautas establece claramente el cuadro adecuado para garantizar las relaciones
entre las personas y todo lo que pueda convertirse en un conflicto.
La constitución
dominicana establece en el artículo
146-9, párrafo no.1 que la función judicial consiste en decidir los conflictos
entre personas físicas o morales, en derecho privado o público, en todo tipo de
procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado.
En el país se han
levantado una serie de protestas que extienden el disgusto generalizado en la
población ante tanta complicidad e impunidad, incluso a estas voces se han
unido diferentes Organizaciones empresariales privadas e industriales,
Sindicatos, Juntas de Vecinos y hasta la propia Iglesia Católica, quienes
expresan un total rechazo y desacuerdo con las acciones judiciales, exigiendo
mano dura contra los corruptos, solicitando que se investiguen a fondo
todas y cada una de las denuncias hechas ante los diferentes organismos
judiciales, sometiendo a la justicia a todos aquellos que incumplan en el
desempeño de sus funciones sin importar el nivel, rango, o cargo
que tenga en la administración pública.
En República
Dominicana, la justicia es el reflejo del poder, no su límite y solo quienes
forman parte del poder político o económico están protegidos de su rigor,
mientras que el ciudadano común que apenas tiene para comer no escapa del dedo
acusador y esa mano dura que impone la justicia, viendo afectada su libertad, su propiedad o en
el mejor de los casos su valioso tiempo. No hay que entrar
en detalles para concluir en que la justicia no es igual para todos.
El presidente de
la Suprema Corte de Justicia reconoció sin lamentarse que por su elevado precio
a los pobres se les dificulta acceder al sistema judicial. Se trata de una triste
verdad que se hace como un templo, degenerando esto en lo que incluso puede
estar la base de que muchos conflictos se diriman a la fuerza, al margen de los
cánones legales.
La autoridad
política que actualmente dirige los destinos del país ha convertido nuestra
justicia en una fábrica de cambiar normas, cuando quiere y como quiere,
haciendo de la justicia ese traje que siempre queda a su medida, creando una debilidad que limita la
posibilidad de una verdadera formación y desarrollo, por eso nuestra justicia
es cada vez más vulnerable.
De qué sirve que
se denuncien actos de corrupción a nivel público y privado si finalmente la
débil administración de justicia en el país deja los implicados en libertad?
Estos escandalosos
acontecimientos que han ocupado las primeras páginas de los medios de comunicaciones
locales y extranjeros, es motivo de preocupación en nuestra ciudadanía y en la
misma clase política que debe de reflexionar de manera profunda sobre esta
problemática para que se busque la forma de reorientar de manera real si
queremos en algún momento hacer algo que valga la pena a favor de esta sociedad,
reformando de manera radical el sistema de administración de justicia completo.
En una parte
importante del mundo se vienen dando demostraciones de un compromiso de lucha
contra el abuso de la autoridad pública para el beneficio particular y el
manejo inadecuado de los fondos del erario.
Debemos recordar
que en el plano internacional no se han limitado los esfuerzos para perseguir a
los responsables de malversar los fondos públicos o de defraudar la confianza
depositada en ellos por el pueblo. Investigaciones conjuntas por varios estados,
órdenes de detención de la Interpol y extradiciones son parte de los esfuerzos realizados para no
dejar en la impunidad a los responsables de actos de prevaricación y abuso de
la gestión pública, como referencia podemos citar los siguientes casos, Francisco
Flores Pérez, ex presidente de El Salvador (1999–2004) fue solicitado en
extradición a Panamá para responder a las acusaciones de malversación de
caudales públicos y enriquecimiento ilícito. Jamil Mahuad, presidente de
Ecuador (1998-2000) tiene en su contra una orden internacional de detención
emitida por la Interpol para responder al cargo de malversación de fondos
públicos. Alfonso Portillo, presidente Guatemalteco (2000-2004) fue condenado
en 2014 por un tribunal federal estadounidense a 5 años y 10 meses de cárcel
por lavado de dinero obtenido de un soborno de 2.5 millones de dólares por
parte del gobierno de Taiwán para que
Guatemala lo reconociera diplomáticamente.
La corrupción de estado
debe ser considerada un delito internacional, un crimen lesa humanidad, sino no
tienen razón de existencia esas organizaciones internacionales como
Transparencia Internacional y en el mejor de los escenarios que la impunidad
sea como amianto que no le permita quemarse por tener concentrado todos los
poderes en su país.
Un triste legado le dejamos
a las futuras generaciones y mal ejemplo a las actuales, el meta mensaje que dejamos es que mientras más
grande sea el delito menos posibilidades tienes de enfrentarlo, si un ciudadano
normal se roba un pollo, un salami, una gallina es condenado, mientras que
quienes han robado miles de millones de los fondos públicos son exonerados con
un NO HA LUGAR.
No sabemos desde cuándo
pero en los últimos años el sistema judicial dominicano ha venido construyendo
un camino que está trayendo consecuencias fatales a la sociedad, las garantías
están dirigidas, prácticamente a los que se la merecen y las que no
se la merecen no se sabe a dónde van a parar.
República
Dominicana despierta que lo mucho hasta Dios lo ve.