Joel Diaz: Cuantas injusticias tiene que superar la justicia dominicana?

La palabra justicia es símbolo de transparencia, equidad, es el bien colectivo de cada sociedad, es la garante de la armonía desde su nacimiento. Su conjunto de pautas establece claramente el cuadro adecuado para garantizar las relaciones entre las personas y todo lo que pueda convertirse en un conflicto.

La constitución dominicana  establece en el artículo 146-9, párrafo no.1 que la función judicial consiste en decidir los conflictos entre personas físicas o morales, en derecho privado o público, en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado.

En el país se han levantado una serie de protestas que extienden el disgusto generalizado en la población ante tanta complicidad e impunidad, incluso a estas voces se han unido diferentes Organizaciones empresariales privadas e industriales, Sindicatos, Juntas de Vecinos y hasta la propia Iglesia Católica, quienes expresan un  total rechazo y desacuerdo con las acciones judiciales, exigiendo mano dura contra  los corruptos, solicitando que se investiguen a fondo todas y cada una de las denuncias hechas ante los diferentes organismos judiciales, sometiendo a la justicia a todos aquellos que incumplan en el desempeño de sus funciones sin importar el nivel, rango, o cargo  que  tenga en la administración pública.

En República Dominicana, la justicia es el reflejo del poder, no su límite y solo quienes forman parte del poder político o económico están protegidos de su rigor, mientras que el ciudadano común que apenas tiene para comer no escapa del dedo acusador y esa mano dura que impone la justicia,  viendo afectada su libertad, su propiedad o en el mejor de los casos su valioso tiempo. No hay que entrar en detalles para concluir en que la justicia no es igual para todos.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia reconoció sin lamentarse que por su elevado precio a los pobres se les dificulta acceder al sistema judicial. Se trata de una triste verdad que se hace como un templo, degenerando esto en lo que incluso puede estar la base de que muchos conflictos se diriman a la fuerza, al margen de los cánones legales.

La autoridad política que actualmente dirige los destinos del país ha convertido nuestra justicia en una fábrica de cambiar normas, cuando quiere y como quiere, haciendo de la justicia ese traje que  siempre queda a su  medida, creando una debilidad que limita la posibilidad de una verdadera formación y desarrollo, por eso nuestra justicia es cada vez más vulnerable.

De qué sirve que se denuncien actos de corrupción a nivel público y privado si finalmente la débil administración de justicia en el país deja los implicados en libertad?

Estos escandalosos acontecimientos que han ocupado las primeras páginas de los medios de comunicaciones locales y extranjeros, es motivo de preocupación en nuestra ciudadanía y en la misma clase política que debe de reflexionar de manera profunda sobre esta problemática para que se busque la forma de reorientar de manera real si queremos en algún momento hacer algo que valga la pena a favor de esta sociedad, reformando de manera radical el sistema de administración de justicia completo.

En una parte importante del mundo se vienen dando demostraciones de un compromiso de lucha contra el abuso de la autoridad pública para el beneficio particular y el manejo inadecuado de los fondos del erario.


Debemos recordar que en el plano internacional no se han limitado los esfuerzos para perseguir a los responsables de malversar los fondos públicos o de defraudar la confianza depositada en ellos por el pueblo. Investigaciones conjuntas por varios estados, órdenes de detención de la Interpol y extradiciones  son parte de los esfuerzos realizados para no dejar en la impunidad a los responsables de actos de prevaricación y abuso de la gestión pública, como referencia podemos citar los siguientes casos, Francisco Flores Pérez, ex presidente de El Salvador (1999–2004) fue solicitado en extradición a Panamá para responder a las acusaciones de malversación de caudales públicos y enriquecimiento ilícito. Jamil Mahuad, presidente de Ecuador (1998-2000) tiene en su contra una orden internacional de detención emitida por la Interpol para responder al cargo de malversación de fondos públicos. Alfonso Portillo, presidente Guatemalteco (2000-2004) fue condenado en 2014 por un tribunal federal estadounidense a 5 años y 10 meses de cárcel por lavado de dinero obtenido de un soborno de 2.5 millones de dólares por parte del gobierno de Taiwán  para que Guatemala lo reconociera diplomáticamente.

La corrupción de estado debe ser considerada un delito internacional, un crimen lesa humanidad, sino no tienen razón de existencia esas organizaciones internacionales como Transparencia Internacional y en el mejor de los escenarios que la impunidad sea como amianto que no le permita quemarse por tener concentrado todos los poderes en su país.

Un triste legado le dejamos a las futuras generaciones y mal ejemplo a las actuales,  el meta mensaje que dejamos es que mientras más grande sea el delito menos posibilidades tienes de enfrentarlo, si un ciudadano normal se roba un pollo, un salami, una gallina es condenado, mientras que quienes han robado miles de millones de los fondos públicos son exonerados con un NO HA LUGAR.

No sabemos desde cuándo pero en los últimos años el sistema judicial dominicano ha venido construyendo un camino que está trayendo consecuencias fatales a la sociedad, las garantías están dirigidas, prácticamente a los que  se la merecen y las que no se la merecen no se sabe a dónde van a parar. 

República Dominicana despierta que lo mucho hasta Dios lo ve.
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