Cuando el tema de la inseguridad ciudadana arropa las portadas de los periódicos, invade los noticiarios de radio, televisión y las redes sociales se necesita explicar el porqué del problema y entre los culpables favoritos figuran el Código Penal y el Código Procesal Penal. La principal acusación contra los códigos es que son muy garantistas de los derechos de las personas y que los delincuentes se aprovechan de esa debilidad para lograr impunidad en la justicia.
“Ni el código nuevo ni el viejo previenen delincuencia. Los códigos intervienen luego que el delincuente actúa, no antes, primero existe la muerte o el robo y luego el código se aplica, eso quiere decir que los códigos no están para prevenir los hechos delincuenciales, ni en República ni en ningún país del mundo”, sostiene Demóstenes Martínez, diputado y presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados que encabezó la modificación de las normativas.
A favor de quienes argumenta que los códigos tienen su cuota de responsabilidad en el auge o disminución de la delincuencia, el jurista dice que la ley puede desincentivar a la persona que ha pensado en cometer un crimen.
“Los códigos no previenen, disuaden, pero hay delincuentes que no les importa que les pongan cien años y aún así lo hacen… Eso prueba que los códigos son para disuadir, no para prevenir”, sostuvo Martínez.
El diputado dijo que las modificaciones que se introdujeron al Código Procesal Penal establecen los mecanismos necesarios para que los jueces no tengan excusas de imponer las medidas de coerción que ameriten los delitos. Citó que la normativa establece prisión preventiva para las personas reincidentes en delitos.
Para el jurista Román Jáquez, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santo Domingo, quienes cometen delitos frecuentes “con el transcurrir del tiempo, se aprenden las debilidades del sistema, las van conociendo, y ello desnaturaliza la eficacia de la ley porque actúan a sabiendas de que el Estado no tiene los mecanismos científicos ni técnicos para probar su culpabilidad y condenarlos y eso aumenta las prácticas delincuenciales”.
Jáquez señala que doce años es más que suficiente para hacer una reforma profunda del sistema penal acorde a las realidades humanas y “al desvalor que tiene la vida en la sociedad dominicana”. Agregó que una sociedad en donde no haya temor ni confianza en la norma, provoca acciones de venganza privada, asesinatos seguidos de suicidios, linchamientos y resistencias al cumplimiento.
“No podemos ver en las normas penales las causas exclusivas del auge de la criminalidad en nuestro país, hay que hablar también de faltas de efectivas políticas de prevención del delito, de recursos científicos y técnicos en los operadores del sistema, transculturización de comportamientos ilegales, elección de una vida delincuencial como modo fácil de adquisición de riquezas, así como falta de políticas públicas que permitan una igualdad de oportunidades en todos los órdenes”, sostuvo.
El nuevo Código Procesal Penal fue aprobado y ya está en vigencia, mientras que las modificaciones al Código Penal fueron anuladas por el Tribunal Constitucional, debido a que en su aprobación se violentaron los procedimientos constitucionales en la Cámara de Diputados.
Las modificaciones incluyen el aumento de la pena máxima de 30 a 40 años de prisión y el cúmulo de penas hasta los 60 años de cárcel. Igualmente, el nuevo Código Penal establece penas de cuatro a 10 años para el robo y el robo agravado. El Congreso contempla conocer la pieza en la presente legislatura.
“Política de seguridad es improvisada en el país”
La especialista en seguridad ciudadana Lilian Bobea sostuvo que el diseño e implementación de las políticas de seguridad ciudadana en el país han estado en manos inexpertas y diseñadas por élites militares y policiales. “Por lo general, la producción de políticas ha estado y continua estando en las manos de las élites policiales, las élites militares y de personas improvisadas en el tema, que desconocen cómo estudiar la realidad social dominicana, cómo entender las instituciones de prevención y control, cómo aplicar iniciativas de desarrollo integrales”, puntualizó. Bobea, quien se ha formado en el ámbito de seguridad, tiene más de 20 años de experiencia en este tema e imparte clases sobre crimen organizado en Bentley University, Massachusetts, Estados Unidos. Indica que República Dominicana carece de capital humano especializado para estudiar estos fenómenos. Según indica Bobea, en los países donde las tasas de criminalidad y violencia son más altas, la carencia de investigadores, planificadores y tecnócratas capacitados y con experiencia en los temas de seguridad es más que palpable. Y eso ella lo ha comprobado en los casos de Honduras, El Salvador y Guatemala. “Aquí incluyo a nuestro país, ciertamente con un nivel más bajo de violencia y criminalidad que los otros, pero de todas maneras alto”, explicó la especialista.
Afirma que faltan programas académicos
Lilian Bobea es directora de la Plataforma Centroamérica Caribe de Seguridad Ciudadana: Cooperación para la Paz (Co-Paz), una iniciativa que, precisamente, busca crear “cuadros” de jóvenes investigadores especializados en seguridad ciudadana, dentro de América Latina. Los dos ejes centrales de Co-Paz están centrados en el desarrollo de la capacidad de investigación y en el incremento de la incidencia pública en el tema de seguridad ciudadana. El programa de becas de Co-Paz, que cuenta con el apoyo del Centro Internacional para el desarrollo de investigaciones (IDRC por sus siglas en inglés), se lleva de manera simultánea en Estados de la región. Para la experta en seguridad ciudadana existe una cierta relación entre los países de América Latina que reflejan menos tasa de criminalidad, y que cuentan con más analistas y hacedores de políticas de seguridad. Bobea lamentó que en el país ni siquiera haya programas universitarios a los que puedan asistir los miembros de la Policía Nacional para formarse como trabajadores sociales.
Códigos
“Ni el código nuevo ni el viejo previenen la delincuencia. Los códigos intervienen luego que el delincuente actúa”.