SANTO DOMINGO.- El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) planteó la necesidad de que perfeccionen y modifiquen con nuevas propuestas los proyectos de reforma a la Ley Electoral como el de Ley de Partidos, Agrupaciones y Garantías Electorales.
Salim Ibarra, Secretario Nacional de Asuntos Legales del partido, expresó que el proyecto de ley que busca modificar el sistema electoral presentado hace más de un año por la Junta Central Electoral (JCE), así como la presentada con anterioridad por el PRD, a pesar de establecer aspectos trascendentes y de avance en la búsqueda de la equidad y transparencia electoral, no contempla situaciones como las ocurridas en el pasado proceso, en la que algunos sectores políticos a pocos días de las elecciones iniciaron acciones de boicot, denunciadas públicamente por el propio presidente de la JCE.
Abogó para que en la próxima reforma electoral se incluyan los siguientes puntos como que los pedimentos de carácter técnico que realicen los partidos políticos ante JCE que puedan alterar el cronograma electoral, deberán realizarse por escrito, debidamente sustentados y antes de los dos meses previos al día de las elecciones.
También que se establezca de manera formal y precisa la facultad de la JCE para decidir sobre la tecnología de punta a utilizarse en el sufragio, conteo y transmisión de la votación, siempre resguardando el derecho de los delegados de los partidos y agrupaciones para realizar impugnaciones en las mesas de votación.
El PRD también propuso que el personal técnico llamado a manejar los equipos tecnológicos en los recintos, sean empleados fijos de la JCE y de las diferentes universidades e institutos de formación técnica del país.
Además, que los equipos tecnológicos se instalen y se prueben al menos un día antes del inicio del proceso de votación, con el fin de que cualquier fallo o eventualidad en los mismos puedan ser detectados y corregidos.
Salim Ibarra indicó que la experiencia del pasado proceso electoral debe servir para establecer disposiciones legales con el objetivo de blindar a la República Dominicana de actuaciones de sectores políticos que al saberse de antemano derrotados pretendan volver atentar en futuros procesos electorales contra la estabilidad democrática del país.