SANTO DOMINGO.- El vocero del bloque de diputados del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Ramón Rogelio Genao, afirmó que el gobierno se burla del país y ofende la inteligencia emocional al responder a través de sus voceros con un “estamos de acuerdo” y “eso está en nuestra agenda” ante el reclamo del Consejo Nacional de Hombres de Empresas (CONEP) y de otros sectores sociales para que se impulse un gran pacto político y social.
Genao se refirió a las declaraciones del director de Comunicaciones de la Presidencia, Roberto Rodríguez de Marchena y del ministro administrativo, José Ramón Peralta.
Para Genao también constituye “una burla” que los representantes del PLD en el Congreso Nacional afirmen que la aprobación del Proyecto de Ley de Partidos Políticos está muy avanzado.
Cree que se impone que el gobierno acoja el clamor social y convoque a un pacto político social moderado por monseñor Agripino Nuñez Collado.
Consideró que el resultado de los pasados comicios evidencia que al país le afecta una crisis política y que hay una especie de dictadura de partido controlado hegemónicamente por el PLD porque en el Congreso Nacional, en la Suprema Corte de Justicia, en la Junta Central Electoral (JCE) y en la Cámara de Cuentas se hace lo que decida el comité político.
“Esto no puede seguir así. Ya llegó la gota que derramó el vaso”, argumentó porque en el país todos los sectores “están todos a una” para que se arribe a un gran pacto político- social, dijo.
Dice es inconstitucional entrega de certificados por la JCE
Por otro lado, afirmó que la entrega de certificados de elección que realizará la JCE el próximo jueves es inconstitucional porque el artículo 120, numeral 2 y 3 establece que la Asamblea Nacional debe revisar las actas de elección y proclamar al Presidente y Vicepresidente de la República.
Recordó que las referidas actas están aun siendo cuestionadas y que hay recursos legales sobre las mismas.
Criticó que esas actas todavía la JCE no las ha remitido al Congreso Nacional y mostró una carta remitida por la JCE en el 2012 para cumplir con ese requisito Constitucional.