El Tribunal Constitucional (TC) fue apoderado ayer de un recurso de inconstitucionalidad en contra de la Ley 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, por considerar que es un atentado contra los derechos laborales de los agentes del cuerpo del orden.
El recurso fue presentado por el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Miguel Surun Hernández, en contra del artículo 153, numerales 2, 4, 20, 24, 25, 26 y 27; que sanciona y califica como falta grave el ejercicio de otra labor por parte de los policías.
En la instancia también depositada por miembros de la junta directiva del gremio se ataca por ser contrarios a la Constitución los artículos 40, 41, 58, 62, 69, 83, 169, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 al 139 y 141 que vulneran los derechos adquiridos por los agentes del orden, el principio constitucional de progresividad de la Norma Laboral, la racionalidad, justeza y utilidad de la ley.
Surun Hernández dijo que esa ley ha tornado casi imposible el sistema de ascensos, el cual continuará a merced del tráfico de influencias, con muy poca o ninguna incidencia del mérito, en perjuicio de la calidad del servicio de seguridad de todos.
Sostuvo que la Ley es inconstitucional por constituir no solo un retroceso, sino un atentado contra los derechos adquiridos por los policías, que ahora tienen que esperar mucho más años para jubilarse, lo que dependerá de la benevolencia del Director de la Policía Nacional.
Manifestó que la legislación aniquila también el derecho que tienen los abogados policías de ejercer esa profesión, lo que viola la Carta Magna y pactos internacionales en materia de derecho al trabajo que consagran que toda legislación debe ser progresiva a favor de los trabajadores.
Dijo que maltratando a los agentes policiales y empeorando sus condiciones laborales, no podrá haber una lucha efectiva contra la criminalidad, por lo que se hace necesario y fundamental que el TC intervenga enmendando partes de la ley, tras señalar que la legislación afectaría a cerca de ocho mil policías abogados.
Expresó que ante esa situación, una importante cantidad de oficiales y suboficiales, algunos con profesiones universitarias, contemplan pedir su pensión, otros presentar renuncia y varios están dispuestos a acudir a los tribunales nacionales e internacionales.
Surun Hernández alega que el referido artículo 153 es inconstitucional, tras señalar que ninguna legislación puede atentar contra los derechos adquiridos de los agentes, según la Carta Magna.
Sostuvo que esa parte de la Ley de Reforma Policial vulnera la Constitución y pactos internacionales en materia de derecho laboral, que consagran que toda legislación debe ser progresiva en favor de los trabajadores.
“Maltratando a los agentes policiales, empeorando sus condiciones laborales, no podrá haber una lucha efectiva contra la criminalidad, por lo que se hace necesario y fundamental que el Tribunal Constitucional intervenga enmendando dicha injusticia”, adujo el jurista.