SANTO DOMINGO.- La Coalición Acción por la Justicia y la Seguridad realizó este miércoles el tercer foro de la Sociedad Civil enfocado en el Presupuesto del Poder Judicial.
Durante el encuentro, Ernesto Selmán, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategia Económicas Sostenibles (CREES), dijo que los más de mil millones que tienen destinado los legisladores en el llamado "barrilito" debería ser destinado al Poder Judicial, porque esas obras sociales que ejecutan los congresistas corresponde hacerlo al Poder Ejecutivo, señaló.
Selmán sostuvo que sin garantías de derechos por falta de presupuesto para el poder judicial no habrá mucho desarrollo político social y económico. Estamos en un ambiente totalmente diferente porque el mundo cambió y se requiere un sistema jurídico confiable.
"Sino cambiamos la forma de cómo hacer las cosas no cambiaremos el desenvolvimiento de la sociedad para una República Dominicana más prospera en el futuro”, afirmó.
El Centro Regional de Estrategia Económica Sostenible CREES, fue el moderador del panel donde participan Cristina Fulcar, directora de Planificación y Proyectos del poder ; José Rijo, consultor experto en Presupuesto y Ernesto Selmán.
El foro tiene por finalidad analizar la incidencia del presupuesto en la eficiencia del sistema judicial, el proceso de formulación del mismo y recabar propuestas que puedan ayudar a mejorar ese presupuesto. El Foro aboga por una independencia efectiva con el otorgamiento de un Presupuestos idóneo para el Poder Judicial.
Durante su intervención, Miguel Collado dijo que es urgente construir un sistema de justicia independiente, de lo contrario el desarrollo será deficiente.
De lado Cristina Fulcar expresó que el Presupuesto del Poder Judicial va en descenso desde el 2006 que era de 2 por ciento hasta el presente año que es de 1.31 por ciento.
Informó que este 2016 ha sido de grandes gastos corrientes invierten el 97 por ciento de su presupuesto y sólo para gasto de capital un 3 por ciento.
Además, destacó que 103 centros judiciales operan en locales alquilados y unos 115 tribunales pendientes de poner en funcionamiento por ley y 117 jueces por nombrar.