La Iniciativa por la Institucionalidad Democrática, la coalición de organizaciones de la sociedad civil que busca concertar la elección de los órganos constitucionales, pidió al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dar prioridad a la búsqueda de consenso sobre la integración de la Junta Central Electoral (JCE), el Tribunal Superior Electoral (TSE) y la Cámara de Cuentas (CC).
Las entidades quieren que esa búsqueda de consenso se base en un perfil de los candidatos que responda solo a sus competencias, como una garantía de “la independencia de todos los órganos de poder de cualquier naturaleza y sin reparto de cuotas partidarias”. Ese, entienden las entidades, es el primer paso para avanzar en el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y electoral.
El pliego de peticiones hechas al partido en el gobierno incluye la solicitud al Congreso Nacional de que prolongue por el tiempo que sea necesario, “en aras del diálogo”, el ya comenzado proceso de ponderación y elección de los titulares de la JCE y la CC, y que también se haga lo mismo con el TSE, que es seleccionado por el Consejo Nacional de la Magistratura.
El diálogo político en el país se ha detenido desde que la oposición exigiera al PLD el nombramiento de funcionarios sin filiación política, además de poner esa petición como condición principal para conversar sobre los proyectos de ley de partidos y de régimen electoral.
Los partidos que adversaron al PLD en las pasadas elecciones se retiraron de las conversaciones que lidera monseñor Agripino Núñez Collado, y desde entonces las intenciones de los empresarios han sido lograr que estos partidos, encabezados por el Revolucionario Moderno (PRM), vuelvan a sentarse en la mesa de discusión.
Ayer la coalición de organizaciones sociales, encabezadas por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), recalcaba en la necesidad de participación de los partidos opositores, al igual que los del bloque político gobernante para discutir, consensuar y alcanzar el objetivo de rescatar la confianza en las instituciones.
“Que se permita la participación de la sociedad civil organizada en la búsqueda del consenso, en la misma dimensión que ha tenido durante casi tres décadas en por lo menos dos reformas constitucionales y en múltiples acuerdos y leyes, tan trascendentes como el Código Laboral, el Sistema de Seguridad Social, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, o en los pactos educativo y eléctrico, en el Pacto por la Democracia de 1994 y en procesos de elección de la JCE y la Suprema Corte de Justicia”, dice otro de los puntos de la coalición.