SANTO DOMINGO.- El diputado nacional Fidelio Despradel exigió hoy a la Dirección General de Contrataciones Públicas la cancelación del registro de proveedor del Estado de la empresa Odebrecht y el contrato de construcción de las plantas a carbón de Punta Catalina, en cumplimiento a lo que establece la Ley 340-06, de que no puede mantenerse contratos con empresas cuyos propietarios estén condenados por actos de corrupción, como es el caso de Marcelo Odebrecht, presidente de la multinacional.
Mediante una comunicación dirigida a la directora de la institución, Yokasta Guzmán, el legislador por Alianza País recuerda que la citada ley, en su artículo 14, prohíbe al Estado dominicano mantener los contratos con “las personas físicas o jurídicas que hayan sido condenadas”.
El citado artículo por Despradel establece lo siguiente: “Las personas físicas o jurídicas que hayan sido condenadas mediante sentencia por delitos de falsedad o contra la propiedad, o por delitos de cohecho, malversación de fondos públicos, tráfico de influencia, negociaciones prohibidas a los funcionarios, revelación de secretos o uso de información privilegiada o delitos contra las finanzas públicas, hasta que haya transcurrido un lapso igual al doble de la condena. Si la condena fuera por delito contra la administración pública, la prohibición para contratar con el Estado será perpetua”
El legislador dice que todo el país conoce que en estos momentos que el presidente de Odebrecht se encuentra preso en Brasil por encabezar una red internacional de corrupción, por lo que República Dominicana no puede alegar ignorancia, “pues hacerlo sería favorecer la impunidad y abrir las puertas de la prevaricación”.
En su condición de legislador y fiscalizador de los bienes públicos, Fidelio Despradel reclamó a la directora de Contrataciones Públicas una respuesta rápida y sin rodeos a sus planteamientos.
Al intercambiar con los medios de comunicación que cubrieron la entrega de la solicitud, Fidelio Despradel destacó que está de acuerdo con que se terminen los trabajos de las plantas de Punta Catalina, pero después de traspasar el contrato a una empresa responsable y auditar de manera independiente toda la obra, como ha hecho Perú con un proyecto de gasoducto valorado en más de US$7,000 millones.