El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) pidió a la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, a la Contraloría General de la República y la Tesorería Nacional que suspendan de inmediato todos los pagos y contrataciones por servicios legales realizadas sin licitación pública por entidades del Estado, violando la Ley de Compras y Contrataciones Públicas.
Miguel Surun Hernández, presidente del gremio de abogados, precisó que esa práctica no solo es una infracción a la ley de compras y contrataciones de servicios, sino contra la clase jurídica del país.
Dijo que hay cuatro oficinas de abogados con un monopolio en los servicios legales contratados por el Estado dominicano, los cuales aumentan anualmente a miles de millones de pesos; por lo que exigen la democracia y diversificación en las contrataciones.
“Demandamos que todas las instituciones públicas, centralizadas y descentralizadas, cumplan a cabalidad la Ley 340-06 en cuanto a la contratación de oficinas de abogados realizando las correspondientes licitaciones para que todos los juristas puedan participar en igualdad de condiciones”, consideró el presidente del gremio.
De igual modo informó que dichas contrataciones deben hacerse tomando en cuenta un proceso que garantice justicia y transparencia.
El CARD afirmó que en República Dominicana existen buenas oficinas de abogados en varios puntos del país que deben ser tomadas en cuenta en los procesos de licitaciones y en la ubicación geográfica del caso.