QUE POLITICA, SANTO DOMINGO.- Entidades que luchan contra la corrupción en el país y juristas coincidieron en que el informe publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos que critica las decisiones de jueces dominicanos sobre casos de corrupción es una oportunidad para el estado dominicano para luchar en contra de la corrupción administrativa.
Los presidentes de las Fundación Justicia y Transparencia, Trajano Vidal Potentini, de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), Julio César de la Rosa y del Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD), Miguel Surún Hernández, dijeron que una de las principales medidas debe ser destinar los recursos correspondientes al Poder Judicial.
Vidal Potentini dijo que el tema es tan preocupante que “lo ha reconocido el propio presidente de la República en el Congreso Nacional, en el discurso de rendición de cuentas el pasado 27 de febrero, creo que aun cuando se pudieran estar haciendo algunas declaraciones no son suficientes, y de ahí la necesidad de que este tema esté activo en la población”, expresa.
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Señala que “es oportuno para acoger estas críticas, para que esto sirva de reflexión al Estado dominicano y a la propia justicia, y al pueblo dominicano sobre el tema impunidad, yo creo que ciertamente hay que reflexionar para instaurar aprovecharlas para tratar de instaurar una cultura ciertamente de transparencia” puntualiza.
De su lado, Julio César de la Rosa, consideró que “para nosotros no es sorpresa, porque el informe precisamente se construye sobre la base de lo que ha sido la preocupación de toda la sociedad, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil que venimos abogando por el fin de la impunidad, que se pone de manifiesto por la falta de consecuencias con los temas de justicia siempre que están involucrados funcionarios públicos o ex funcionarios”, señala.
De la Rosa agrega que “es una gran oportunidad para apoyar al Poder Judicial; sanear al Poder Judicial, y con eso deben incluirse, no la judicatura exclusivamente, sino también el Ministerio Público, porque gran parte de la impunidad se produce porque el Ministerio Público deja caer los casos, no hace las investigaciones contundentes y sobre todo a veces en componenda con los imputados instrumentan expedientes flojos, por lo que se caen en la justicia” afirma.
En tanto que Surún Hernández entiende que “debemos variar la forma en que estamos afrontando la persecución de la corrupción administrativa, evidentemente en la República Dominicana debemos llegar a la conclusión de que hay que reforzar los niveles de independencia, tanto del Ministerio Público, como de nuestro sistema judicial”, sostiene.
Indica que “es necesaria una mayor profesionalización de los fiscales encargados de perseguir la corrupción administrativa, de forma tal de que esos procesos cuando lleguen a los tribunales estén acompañados de los elementos probatorios que justifiquen una sentencia condenatoria.