Cámara Diputados posterga sin fecha fija interpelación a Gonzalo Castillo

La Cámara de Diputados dejó sobre la mesa el proyecto de resolución mediante el cual se solicita la interpelación del ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, para que explique sobre la ejecución de contratos de obras con la constructora Odebrecht.


La iniciativa del diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por el Distrito Nacional, Wellington Arnaud, fue postergada sin fecha fija.


En la propuesta, el legislador solicita una explicación acerca del estatus de las obras contratadas, ejecutadas y en ejecución por la compañía Norberto Odebrecht y que, además se aclare cómo han sido financiadas y cuál ha sido el costo real de las infraestructuras. 

 Igualmente, señaló que es de interés de los legisladores conocer de las obras ejecutadas o en ejecución a través del Fideicomiso RD-Vial, el nivel de ingresos recaudados por peaje y su estado financiero. Arnaud manifestó que indagatorias realizadas revelan que para la ejecución de obras, el Ministerio de Obras Públicas ha utilizado financiamiento de fuentes externas desconocidas y que a esto se suma que ha sido imposible identificar el proceso para obtener esos recursos. 

El artículo 95 de la Constitución señala que es facultad de los legisladores interpelar a los ministros y viceministros, al gobernador del Banco Central y a los directores o administradores de organismos autónomos y descentralizados del Estado, así como a los de entidades que administren fondos públicos sobre asuntos de su competencia, cuando así lo acordaren la mayoría de los miembros presentes, a requerimiento de al menos tres legisladores, así como recabar información de otros funcionarios públicos competentes en la materia.

Sobre el tema, la Carta Magna indica además que si el funcionario citado no compareciese sin causa justificada o se consideraran insatisfactorias sus declaraciones, las cámaras, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, podrán emitir un voto de censura en su contra y recomendar su destitución del cargo al Presidente de la República o al superior jerárquico.

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