El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, consiguió dividir a la sociedad turca a través del referéndum realizado el pasado 16 de abril. Dicha sociedad mostraba ya síntomas de división desde el golpe de Estado del pasado julio del 2016. No obstante, fue la consulta popular la cual resultó ser la imposición de una autocracia dentro de la República turca, mediante el triunfo mínimo o como podría denominarse coloquialmente “por una nariz” en los resultados obtenidos, siendo estos un 51.41% a favor, frente a un 48.59% en contra.
Tras convocar a alrededor de 50 millones de ciudadanos turcos y, tras contar con más de un 80% de la asistencia en las urnas, la sociedad turca se muestra dividida, en donde la mitad de éstos dijeron que no ante la propuesta del mandatario y militante del partido AKP. Sin mencionar que, el territorio de la República se mostró polarizado y con señas del típico clivaje campo-ciudad, en donde las grandes ciudades y principales motores de la economía tales como Estambul, Ankara e Izmir no se mostraron favorables ante dicha propuesta. Sin duda alguna, aquellos ciudadanos quienes se expresaron pusieron en manifiesto el no ante la propuesta constitucional, y se mantendrán vigilantes ante las decisiones y actuación del mandatario turco.
Al día de hoy, tanto la oposición política, como los ciudadanos en contra de la reforma constitucional, ponen en tela de juicio la validez del proceso democrático dado que, aproximadamente 2,5 millones de votos pudieron ser objeto de manipulación a favor del sí. Esta manipulación consiste en la ausencia del sello oficial en cada sobre por voto emitido por parte de los respectivos colegios electorales. Tomando en cuenta lo anterior, observadores de la Organización para la Seguridad y Cooperación (OSCE), constataron que el referéndum se llevó a cabo en un “marco legal inadecuado”, es decir, el Estado de Sitio ha mantenido a la Republica de Turquía en una inestabilidad y temor político que se mantiene desde julio del 2016.
Con esta última maniobra, promocionada por Erdogan, se deja atrás la Turquía parlamentaria caracterizada por un sistema de contrapesos y vigilancia, para dar paso a un régimen presidencialista, el cual, a través de 18 enmiendas a la Constitución, otorgará al presidente unos poderes absolutos, los cuales facultarán al mandatario para gobernar por decreto, además de nombrar ministros, elegir jueces y disolver el parlamento sin la necesidad de convocar una Asamblea o de considerar un acuerdo entre partes para ello. Asimismo, dichas enmiendas suprimirán la figura de primer ministro, consolidando así una unificación del poder ejecutivo y legislativo en el presidente, así como la posibilidad de prorrogar el mandato hasta el 2029.
Turquía pierde lo que restaba de los valores democráticos heredados por el fundador de la República, Mustafa Kemal Atatürk. Mismos valores que encaminaban hasta hace poco al país a la posible adhesión a la Unión Europea y que ahora ponen en peligro, la oportunidad de codearse con las grandes potencias europeas, quienes unifican criterios en torno a la idea de la seguridad, progreso, estabilidad, unión, respaldo europeo, proyección internacional y paz.
Sin duda alguna, Turquía camina por un sendero de fragilidad política, en donde poco ha aprendido de sus vecinos tanto al sur quienes, por una parte, han preferido el camino conflictivo que el de consenso y, por otra parte, sus vecinos del norte quienes, están en busca del accionar político para la resolución de conflictos y no la creación de los mismos. Con la sensibilidad a flor de piel, la situación política puede desembocar en complejos y duraderos conflictos a todos los niveles, afectando no sólo el ámbito político, con el retroceso en la democracia nacional a través de un posible retorno "sultanístico" sino también, en el ámbito económico afectando así a uno de los mayores componentes del PIB nacional, si tomamos en cuenta la importancia que tiene Turquía como destino turístico.
Jonathan Gomez
El autor es analista político, reside en Madrid.