Francisco Domínguez Brito expresó que de acuerdo a las investigaciones preliminares las personas que figuran como compradores pudieron haber utilizado contratos de compra venta, certificaciones del Congreso Nacional y poderes presidenciales obtenidos de forma irregular para adjudicarse los terrenos, lograr la transferencia de éstos a su nombre y hacerse expedir los títulos de propiedad que hoy ostentan.
Además, no existe ningún documento en el Consejo Estatal del Azúcar que compruebe la existencia auténtica de los contratos vinculados al caso, mientras que la autorización de venta del Poder Ejecutivo se sustenta en dos poderes presidenciales diferentes en su contenido pero que ambos tienen el mismo número y fecha de expedición: 329, del 15 de abril de 1985.
Precisó que también son cuestionables las autorizaciones congresuales.
Domínguez Brito también dijo que en el proceso investigativo se pudo determinar que los adquirientes de los terrenos no cumplieron con el procedimiento de lugar de forma legítima.En tal sentido, señaló que remitirán todos los datos hasta ahora obtenidos al Ministerio Público para que realicen la investigación correspondiente, y que casos como estos no se queden en la impunidad. “Casos como estos causan muchos daños a la sociedad y deben ser enfrentados”, dijo. La investigación se inició en ocasión de las denuncias realizadas durante las últimas semanas.
Diario Libre