La Procuraduría General de la República en Brasil remitirá la próxima semana las pruebas del esquema de corrupción de Odebrecht a su institución homóloga dominicana para profundizar las investigaciones sobre el pago de sobornos a funcionarios y el alegado financiamiento irregular a campañas políticas, informó la agencia Reuters.
El despacho de prensa destaca que Odebrecht firmó un acuerdo de colaboración con el Ministerio Público que fue homologado por el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Danilo Quevedo, en el que la empresa se compromete a pagar US$184 millones al Estado dominicano.
La multinacional admitió ante la justicia estadounidense que entre 2001-2014 pagó unos US$92 millones en el país para asegurar contratos públicos.
El despacho de prensa destaca que Odebrecht firmó un acuerdo de colaboración con el Ministerio Público que fue homologado por el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Danilo Quevedo, en el que la empresa se compromete a pagar US$184 millones al Estado dominicano.
La multinacional admitió ante la justicia estadounidense que entre 2001-2014 pagó unos US$92 millones en el país para asegurar contratos públicos.
El envío de los documentos desde Brasil a otro país será el primero desde que la empresa firmó un acuerdo con la Procuraduría del país sudamericano, indica Reuters. Por ese acuerdo, las pruebas de corrupción de la empresa, en el caso de asuntos internacionales, están protegidas hasta el 1ro de junio del presente año, debido a una cláusula de confidencialidad. Sin embargo, la República Dominicana recibirá los documentos antes de ese plazo debido al acuerdo arribado.
El pasado miércoles, el procurador dominicano Jean Rodríguez, informó que aunque el acuerdo establece que después de homologado, la empresa tiene un plazo máximo de 60 días para entregar informaciones, se ha logrado que, a más tardar el 19 de mayo próximo, Odebrecht se comprometa a entregar a la Procuraduría la lista de quiénes recibieron los pagos ilícitos, testimonios, documentos, archivos, libros, registros y cualquier otro medio de prueba que tenga en su poder.
La Procuraduría ha interrogado a una treintena de funcionarios, exservidores públicos y otros civiles desde diciembre pasado. Dejó establecido en el acuerdo con Odebrecht, que no prescinde de perseguir penalmente al enlace comercial de la constructora en el país, Ángel Rondón.
Diario Libre