SANTO DOMINGO.- Si el Ministerio de Trabajo ratifica el aumento de un 20% al salario mínimo del sector privado no sectorizado, el Consejo Nacional de la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa (CODOPYME) acudirá al Tribunal Superior Administrativa (TSA) para que, a través de un recurso de amparo ,las autoridades se vean obligadas a cumplir con la Ley 488-08 sobre la reclasificación de las empresas.
Así lo informó el presidente de CODOPYME, Isaachart Burgos, quien advierte que casi el 50% de los trabajadores de las Micros Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) verían su puesto en riesgo si se ejecuta el aumento salarial.
“Si no se hace la reclasificación de empresas, hay tres escenarios que se darán en las Mipymes: primero una reducción de casi el 50% de los trabajadores, el cierre o quiebra de las empresas e irse a la informalidad”, indicó Burgos.
Dice que no se oponen al aumento del 20%, pero que no es justo que una empresa de cuatro o cinco millones de activos fijos pague lo mismo de una que maneja miles de millones de pesos.
A este tema se refirió el exvicepresidente de la República Rafael Alburquerque, quien dijo estar de acuerdo con la reclasificación, pero asegura que este tema debe tratarse en otro escenario: “Ese es un tema que hay que tratarlo, pero fuera del Comité Nacional de Salarios (CNS) porque eso no le corresponde al CNS. Eso debe tratarse en una reunión convocada por el Ministerio de Trabajo”, explicó el también ex ministro de Trabajo. Recordó que el poder adquisitivo de los trabajadores hoy en día es el mismo que en el año 1999, por lo que entiende que hay que ser comprensivo en ese sentido y tratar de mejorarlo.
De su lado, el exministro de Trabajo Max Puig, coincidió con estas declaraciones, señalando que la reclasificación de empresas es otro tema que debe tratarse aparte: “Es una discusión distinta que el empresariado hace. El salario real en la República Dominicana ha estado estancado en los últimos 25 o 30 años, a pesar de que ha habido un aumento de la productividad. El ritmo de los salarios ha hecho que se deteriore la calidad de vida de los trabajadores. Por eso creo que los empleados han sido penalizados en este proceso”, expuso.
Dijo que el debate de la reclasificación en este escenario del aumento salarial contamina el proceso.
Diario Libre también entrevistó a Samir Mateo, abogado experto en materia laboral, quien señaló que los empresarios están facultados a objetar la decisión del CNS dentro de los 15 días de su promulgación y deben tener razones suficientes que demuestren que ese aumento es perjudicial incluso para la economía nacional.
“Una vez ratificado este aumento podría abrir las puertas para que los empresarios recurran esta decisión demostrando en qué les afecta y cómo afecta a la economía nacional. Ellos también en última instancia podrían acudir al Tribunal Constitucional (TC)”, expuso.
En Santiago de los Caballeros, tres dirigentes empresariales y comerciales se mostraron ayer opuestos al incremento de un 20% al sector trabajador que fue aprobado por el CNS. Carlos Guillermo Núñez, Sandy Filpo y Mario Abreu declararon que las empresas no podrán aplicar el aumento.