La Cámara de Diputados aprobó recientemente una resolución que solicita la
instalación de una unidad de persecución y prevención de la violencia de
género de la fiscalía, con asiento en la ciudad de Santa Cruz de Barahona,
provincia Barahona.
La resolución fue aprobada el pasado 29 de marzo del año en curso, y la misma fue presentada por los diputados Radhamés Camacho Cuevas, Rudy María Méndez, Eduardo Jorge Gómez, Héctor Darío Féliz Féliz y Manuel Miguel Florián Terrero.
Dicha iniciativa fue modificada mediante enmiendas propuestas por la Comisión Permanente de Asuntos de Equidad de Género, y por la diputada Magda Alina Altagracia Rodríguez Azcona, presidenta de dicha comisión.
En su primer considerando, la resolución aprobada por la Cámara Baja dice que la función esencial del Estado es la protección efectiva de los derechos de las personas, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todas y todas.
En segundo considerando agrega que la Constitución de la República establece de manera meridiana que el régimen económico se orienta hacia la búsqueda del desarrollo humano.
Señala que el mismo se fundamenta en el crecimiento económico, la redistribución de la riqueza, la justicia social, la equidad, la cohesión territorial y la sostenibilidad ambiental, en un marco de libre competencia igualdad de oportunidades responsabilidad social, participación y solidaridad.
La pieza legislativa precisa que el Ministerio Público es el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, el cual ha creado, la Unidad de Persecución y Prevención de la Violencia de Género.
La resolución fue aprobada el pasado 29 de marzo del año en curso, y la misma fue presentada por los diputados Radhamés Camacho Cuevas, Rudy María Méndez, Eduardo Jorge Gómez, Héctor Darío Féliz Féliz y Manuel Miguel Florián Terrero.
Dicha iniciativa fue modificada mediante enmiendas propuestas por la Comisión Permanente de Asuntos de Equidad de Género, y por la diputada Magda Alina Altagracia Rodríguez Azcona, presidenta de dicha comisión.
En su primer considerando, la resolución aprobada por la Cámara Baja dice que la función esencial del Estado es la protección efectiva de los derechos de las personas, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todas y todas.
En segundo considerando agrega que la Constitución de la República establece de manera meridiana que el régimen económico se orienta hacia la búsqueda del desarrollo humano.
Señala que el mismo se fundamenta en el crecimiento económico, la redistribución de la riqueza, la justicia social, la equidad, la cohesión territorial y la sostenibilidad ambiental, en un marco de libre competencia igualdad de oportunidades responsabilidad social, participación y solidaridad.
La pieza legislativa precisa que el Ministerio Público es el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, el cual ha creado, la Unidad de Persecución y Prevención de la Violencia de Género.
Aclara que la República Dominicana es signataria de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer o “Convención de Belen Do Pará”, de la Convención y Plataforma de Acción de Beijing y de otros instrumentos internacionales ratificados por el Congreso Nacional.
Agrega que estos convenios marcan las pautas a seguir en el combate frontal de cualquier tipo de violencia, contra este segmento poblacional, los cuales tienen rango constitucional y forman parte del Bloque de Constitucionalidad en nuestro ordenamiento jurídico.
Los diputados señalan en su resolución que la Constitución de la República condena la violencia intrafamiliar y de género en cualquiera de sus formas, garantizando la adopción de las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
En otro de sus considerandos la iniciativa precisa que el Estado está obligado a establecer un equilibrio razonable de la intervención pública en las distintas regiones geográficas del país ,así como las prácticas administrativas pertinentes y crear las condiciones jurídico institucionales que aseguren a la mujer la igualdad de derechos y el acceso a una justicia rápida , segura y de calidad para el castigo y persecución de la violencia contra esta, en cualesquiera de sus manifestaciones y en el lugar que se perpetre el acto ilícito.