En momentos en que el país es sacudido por uno de los más grandes escándalos de corrupción, la Cámara de Diputados fue apoderada de un proyecto de ley tendente a proteger la identidad de las personas que contribuyan o sirvan de testigos en los casos de dolo en perjuicio del Estado.
La iniciativa, que tiene como finalidad garantizar el ejercicio de los derechos personales y laborales de los denunciantes será conocida en la próxima sesión de la Cámara Baja.
De acuerdo con la propuesta, la identidad del denunciante no podrá bajo ninguna circunstancia ser revelada, aunque sea requerida vía la Oficina de Acceso a la Información.
Cuando las denuncias estén relacionadas con hechos de naturaleza administrativa, la autoridad competente para recibir las solicitudes de protección, calificar su contenido y otorgar las medidas necesarias será la Contraloría General de la República. Si los hechos son de tipo penal corresponderá al Ministerio Público.
La iniciativa, que tiene como finalidad garantizar el ejercicio de los derechos personales y laborales de los denunciantes será conocida en la próxima sesión de la Cámara Baja.
De acuerdo con la propuesta, la identidad del denunciante no podrá bajo ninguna circunstancia ser revelada, aunque sea requerida vía la Oficina de Acceso a la Información.
Cuando las denuncias estén relacionadas con hechos de naturaleza administrativa, la autoridad competente para recibir las solicitudes de protección, calificar su contenido y otorgar las medidas necesarias será la Contraloría General de la República. Si los hechos son de tipo penal corresponderá al Ministerio Público.
“La denuncia de actos de corrupción es la acción libre y voluntaria de poner en conocimiento de las autoridades competentes un acto de corrupción para su posterior calificación, investigación y sanción. Puede o no estar acompañada de una solicitud expresa de medidas de protección”, refiere el artículo 7 del proyecto de Ley.
De todas las imputaciones, independientemente del medio de su presentación, se dejará constancia escrita, para lo cual se les asignará un código numérico especial que servirá para identificar al denunciante, no pudiendo en ningún caso hacerse referencia directa a su identidad en cualquier diligencia posterior tanto en sede administrativa o judicial.
Los proponentes del proyecto de Ley son los diputados peledeístas Demóstenes Martínez y Henry Merán. Estaba previsto que se conociera en la sesión de ayer, pero la misma fue suspendida por la falta de quórum.
Fuente I Diario Libre