El excandidato presidencial, Luis Abinader, culpó ayer al gobierno de permitir que mujeres haitianas den a luz en hospitales dominicanos, al no dar cumplimiento a la Ley General de Migración, cuyo reglamento, afirma, tiene más de una década sin ser aprobado.
Al depositar en el bloque senatorial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) varias iniciativas de la propuesta de gobierno eficiente que hizo al electorado en la pasada campaña electoral, para gestionar que sean convertidas en leyes, Abinader aclaró que no está haciendo campaña electoral, sino promoviendo la inscripción de militantes al padrón de ese ente político.
“Si usted quiere saber el desorden del gobierno, sepa que el presupuesto del Cesfront, la institución llamada a cuidar la frontera, tiene cinco millones de pesos menos que el organismo que cuida el Metro”, dijo.
Sobre el otro pedido de la JCE para parar lo que considera campaña a destiempo, dijo estar de acuerdo, pero explicó que su partido lo que está haciendo son actividades organizativas, como la que realizó el fin de semana en la región Sur.
Entre otros temas, se mostró partidario de hacer un acuerdo para la aprobación de la Ley de Partidos y sobre el tema del aborto, recordó que el PRM apoya la tres causales.
El proyecto
“Nuestra participación en política se inspira en el objetivo supremo del bienestar colectivo, para lo cual es indispensable la marcha adecuada del Estado y sus instituciones, por eso hoy entregamos al Congreso a través de ustedes estas propuestas que convertidas en leyes contribuirán a que tengamos un gobierno más eficiente”, motivó Abinader al entregar las propuestas a Santiago Zorrilla y José Ignacio Paliza, los dos senadores del bloque del PRM.
El economista explicó que hace el aporte orientado a impactar de manera efectiva la inversión extranjera directa, el clima de negocios, la competitividad y el fomento de empleos de calidad al margen de quiénes o qué partido estén dirigiendo las instituciones.
Las propuestas que servirían de base a la creación de leyes son las del Silencio Administrativo, que establecerá que si en 30 días el Gobierno no responde una solicitud, se considerará aprobada y que está dirigida a agilizar las decisiones en la gestión pública.
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