Ante diferentes retos que ha decidido afrontar el ejecutivo dominicano, el caso de la inmigración haitiana no debe ser menos y en esa línea el presidente Danilo Medina ha iniciado un proceso de tomas de decisiones ante la realidad que representa un problema en distintos ámbitos que debemos solventar de una manera enérgica, cumpliendo la demanda de la sociedad nacional, así como también, de la sociedad internacional. Esta ambigüedad convierte este asunto en un tema espinoso y complejo de gestionar si no satisface las dos partes de alguna manera, lo cual supone un importante desafío.
En este sentido, es importante apoyar la iniciativa de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), presidida por la Lic. Alexandra Izquierdo, quien realizará una encuesta nacional de emigrantes, fundamentada en la Sentencia No. 168-13 del Tribunal Constitucional, referido al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. Esta línea de trabajo debe iniciarse para definir una hoja de ruta sin retorno, que además incluya en la encuesta, zonas especialmente aisladas como son los bateyes. El reflejo de estos datos es vital para el siguiente paso, ya que nos permitiría ubicarnos en la realidad de la situación y poner cifras exactas al problema.
La dimensión del problema se puede definir tras la elaboración de un proceso de investigación que, en este caso dará luz a cómo debemos subsanar de manera efectiva esta situación y, ante todo, seamos capaces de velar por los intereses de nuestro país ante la sociedad internacional y las organizaciones internacionales. La administración dominicana cuenta con datos aproximados del impacto que tiene la inmigración haitiana, ahora bien, se deben unificar criterios en torno a un solo plan que abarque diversos ejes de trabajo, como lo anteriormente señalado, sumados a datos objetivos existentes en instituciones públicas como escuelas y hospitales.
La República Dominicana debe mirar estratégicamente su relación con los países aliados que son influyentes en la sociedad y organismos internacionales. Países como Reino Unido, Estados Unidos, China, Rusia, quienes además tienen poder de decisión, por ejemplo, en el consejo económico y social de la ONU, que además son miembros permanentes del consejo de seguridad. Nuestro país debe mover ficha sobre el tablero con todos sus aliados y fortalecer vínculos para establecer ideas alternativas que den solución a este histórico problema con Haití. Sería importante que la investigación cuente con el respaldo de representaciones internacionales que se encuentran en nuestro país, tales como, la Unión Europea, OEA, OCDE, CARICOM, ONU, CELAC, incluyendo, además, las vías de Cooperación Internacional de países amigos como España, Taiwán, Japón, China y Corea del Sur. Porque la primera estrategia que debe iniciar el gobierno dominicano es crear una mesa de negociación con todas estas representaciones y que de ahí surjan por consenso las decisiones.
Idalbert Pierre-Jean, Embajador de la República de Haití en la República Dominicana, hizo unas declaraciones recientemente a la prensa dominicana, donde se queja de identificaciones a ciudadanos haitianos ilegales y su correspondiente deportación. Dichas reclamaciones forman parte de sus competencias en el ejercicio de sus funciones como jefe de la diplomacia en el país, sin embargo, podría además colaborar con alguna iniciativa desde el gobierno haitiano para contrarrestar esa inmigración masificada y dejar a un lado la victimización que ha caracterizado al pueblo haitiano, especialmente en el ámbito internacional.
El embajador haitiano debe saber que, al igual que los diferentes países desarrollados y con gran experiencia en materia de recepción de inmigrantes, éstos poseen un marco jurídico que garantiza el acceso al país de manera regular, amparados en el derecho que se otorga legítimamente el pueblo en su facultad de decisión sobre sus fronteras (soberanía). La misma facultad, independencia y soberanía posee la República Dominicana desde nuestra independencia (1844) hasta nuestros días. Sin perjuicio de lo anterior, el embajador es conocedor de la solidaridad inagotable del pueblo y el gobierno dominicano, al margen de la mancha histórica que caracteriza nuestras relaciones, tras las reiteradas invasiones haitianas a nuestro territorio y al margen del pesado costo que supone satisfacer las necesidades de los haitianos.
La República Dominicana estará siempre en la mejor disposición de ser solidario con nuestros vecinos, como siempre ha sido, sin embargo, debe enfocar esfuerzos de diversos sectores para encontrar un acuerdo que busque solucionar este problema que nos afecta en materia cultural, social, económica y colaborar para que Haití se convierta en un Estado con instituciones estables durante el mayor tiempo posible.
Por Jonathan Gómez
El autor es asesor y analista político, reside en Madrid.