El gasto de nómina en las instituciones de servicios supera aproximadamente un 36 por ciento de su presupuesto general. Por tanto cualquier decisión que involucre cambios en los gastos afectará de alguna manera los salarios. Un saneamiento o revisión exhaustiva es de rigor siempre que hay un nuevo directivo, sin embargo debe cuidarse el procedimiento a utilizar para tales fines. Es de suponerse que la intención de Navarro ha sido buena, en el sentido de hacer una mejor inversión de los fondos para educación y evitar que se utilicen de manera indebida a través de contrataciones ilícitas. Con relación a esto quiero hacer algunas observaciones, tomando en cuenta mi experiencia en el área de Recursos Humanos y la planificación de los mismos.
Es normal que los formularios de solicitud de empleo contengan un ítem que dice: “estaría usted dispuesto a prestar servicio en otra sucursal si le fuera requerido?”, a lo que la mayoría de los solicitantes respondemos con un rotundo “SI”. Eso muestra que puede existir la posibilidad de que por necesidad o requerimiento de una escuela, un maestro pueda ser trasladado.
También (en el caso de educación) puede haber alguien del personal de apoyo o servicio que esté estudiando alguna carrera relacionada con la docencia y que por necesidad de la escuela, sean aprovechadas sus habilidades y conocimientos para completar alguna vacante en el área, al menos por un tiempo específico.
En estos días fueron “bloqueados” cerca de 8 mil docentes en todo el territorio nacional luego de haberse realizado una auditoría, y haberse determinado que “algunas cosas” no quedaron claras. Es con relación a esto que quisiera mostrar mi parecer:
1. Según plantea el ministerio, se procedió al “bloqueo” tomando en cuenta que no estaba claro el estatus de ese docente. A lo que me surge la pregunta, de: por qué no se emitió un listado por regional y/o por distrito, para informar a directores y a su vez, a los docentes, la situación en la que se encontraban.
2. Se genera la especulación sobre cancelaciones y aun así el ministerio no explica la situación.
3. Una vez el ministerio, al fin, admite que hubo error en los bloqueos, se le pide a los docentes que se presenten en las regionales con las evidencias de que trabajaban en tal o cual centro, lo que me invita a preguntarme: “y si se hizo una auditoría, deben haber analizado todos los documentos que avalan cuales maestros están y cuáles no, por tanto, ellos deben manejar o haber manejado dichas evidencias?
4. El ministro dice que hay botellas (casi la mitad de los bloqueados) según el ministro, lo que también me hace preguntarme: y si son botellas, alguien autorizó las contrataciones, y por tanto, se debe tomar alguna decisión, sometimiento, o por lo menos dar a conocer quiénes fueron?
5. Se hará una nómina adicional para pagar los meses atrasados a los maestros que fueron bloqueados por error, lo que me hace volver a preguntar: quién va a resarcir el error, sobre todo en los casos que hayan repercusiones como moras, atraso en pagos, tratamientos médicos no dados, por no tener los fondos correspondientes a su salarios, o alguna otra situación? O en el menor de los casos, no sería merecedores de una disculpa pública por parte del ministro o el vocero de MINERD?
Es evidente que se aplicó un procesamiento incorrecto y poco analizado (a menos que su fin fuera diferente al que se alega desde la institución educativa).
Cuál hubiese sido el procedimiento correcto?, a saber:
1. Realizar una verdadera auditoría, (no un pase de lista en las escuelas) donde se hayan tenido que presentar evidencias como: telegramas, libros de firmas, registros llenados y firmados por los docentes, actas de notas, planificación, registros anecdóticos, minutas de reuniones de asambleas docentes, etc.
2. Los casos detectados, comunicarlos a cada distrito y estos a su vez a los centros educativos para que los docentes se presenten a las regionales a las que pertenecen. Conjuntamente emitir el pago correspondiente a ese mes, a través de un cheque, con la idea de que, una vez fueran verificadas en la regional, las evidencias de que ese docente asiste a un centro específico, proceder al pago ese mismo día.
3. Emitir un listado de los docentes que no se encontraron en ningún centro, pero que cobran, convocar una reunión con los mismos e indagar, cómo llegaron y porqué pertenecen a la nómina de educación.
4. Dar a conocer quienes autorizaron las contrataciones de las supuestas botellas y si es posible, ponerlos a disposición de la justicia.
Me parece que hubiese sido más factible y menos traumático, tanto para las autoridades de educación, como para los mismos docentes.
Por José Díaz Cabrera