La Procuraduría General de la República (PGR) informó que la colaboración realizada por la empresa brasileña Odebrecht ha permitido que se avancen las investigaciones de los sobornos que pagó para contratos en obras del Estado.
El organismo dijo que entre los archivos que dio Odebrecht se encuentran correos electrónicos con instrucciones, contratos ficticios, las declaraciones de cuatro ejecutivos brasileñas contra funcionarios del sector público dominicano a quienes habrían pagado sobornos, transferencias de dinero a través de bancos en el exterior, entre otros.
La institución destacó que estas evidencias obtenidas sirvieron para que el juez de la Instrucción Especial designado por la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, emitiera órdenes judiciales, que el pasado 29 de mayo, permitieron arrestar a 10 de los 14, implicados en este caso.
La Procuraduría reiteró que cualquier otra persona que se compruebe tenga implicaciones penales con Odebrecht, será puesta a disposición de la justicia.
Los indicios aportados por Odebrecht se utilizaron para lograr que ese mismo juez, impusiera medidas de coerción en contra de todos los involucrados presentados ante el tribunal, entre las que se encuentran prisión preventiva para 8, prisión domiciliaria e impedimento de salida del país contra 2, y garantía económica de 5 millones de pesos e impedimento de salida del país para 2 senadores y un diputado.
Pese a que 10 de los imputados posteriormente apelaron, el pasado 8 de julio, la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, decidió por mayoría de votos, mantener medidas de coerción a los recurrentes.
Explicó que las mismas consisten en garantías económicas de diversos montos, impedimento de salida del país y presentación periódica para 6 de ellos, mientras que a otros 2, les rechazó sus pretensiones, confirmándoles su permanencia en prisión preventiva.
Indicó que sobre la base de tales datos facilitados, el tribunal de alzada, rechazó todas las objeciones presentadas por abogados defensores de los involucrados contra las diligencias investigativas realizadas por el Ministerio Público, incluyendo la solicitud para que fueran declarados ilegales los arrestos que se habían efectuado.
Además agregó que el Ministerio Público recaba y comparte informaciones con autoridades de Europa, Norteamérica y América Latina, la PGR pudo notificar a la Policía Internacional (INTERPOL), sobre la presencia en el extranjero de otro implicado, para quien el próximo 4 de agosto, está pautada una audiencia de solicitud de medidas de coerción.
Además agregó que la constructora sigue facilitando informaciones que por el momento se encuentran bajo la confidencialidad establecida en el Código Procesal Penal.
El juez de Instrucción Especial designado por la Suprema Corte de Justicia, otorgó a la PGR un plazo de 8 meses que concluye a principios del 2018.