En la resolución que dispuso la variación de la prisión preventiva por libertad bajo fianza a los imputados del caso Odebrecht, Ángel Rondón, el juez especial de Instrucción estableció que en la ponderación de una medida de coerción restrictiva de la liberad no debe limitarse a examinar el arraigo, sino que debe hacerse conjunta e íntegramente con la ponderación de otros elementos, entre los que figuran el peligro de fuga.
Además, consideró que la ponderación debe hacerse en función de la gravedad de los hechos imputados, el grado de participación razonablemente probable de cada imputado en los hechos investigados, el interés público expuesto, la importancia del daño que debe ser resarcido, la actitud que voluntariamente adopta el imputado y la necesidad de evitar la destrucción de pruebas relevantes para la investigación.
El pasado viernes, el juez especial de Instrucción le cambió la medida de prisión preventiva de nueve meses y un año que le había impuesto el 7 de junio a Díaz Rúa y a Rondón, respectivamente, por garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica. En la audiencia de revisión de la medida de coerción, tanto Díaz Rúa, como Rondón, dieron garantías de que no se sustraerán del proceso.
“(Ö) me comprometo firmemente, porque es de mi interés, en participar en este proceso, no tengo absolutamente ningún interés en sustraerme del mismo, estaré disponible como lo estuve todo el tiempo desde que sabía que estábamos señalados en este proceso; de hecho pude haberme ido en un viaje que tenía y lo suspendí.”, dijo Díaz Rúa en la audiencia.
Mientras, Rondón expuso que “estoy dispuesto a presentarme ante el tribunal o donde indiquen las autoridades judiciales, cuantas veces lo requieran, como lo hice anteriormente, cuando explotó el escándalo me encontraba en los Estados Unidos y vine a requerimiento del Procurador”.
La Procuraduría informó, a través de la Dirección de Comunicaciones, que esperan la notificación de la sentencia íntegra para revisarla y determinar si apelará la decisión del juez Ortega Polanco, el cual fue designado para conocer la fase de instrucción del caso seguido a los acusados de sobornos por 92 millones de dólares que admitió pagar ODEBRECHT en el país para conseguir contratos de obras millonarias entre el 2001 y el 2014.