Ante la falta de actuación del Ministerio Público sobre la denuncia penal que solicita la investigación y posterior acusación del posible financiamiento ilícito de Odebrecht a campañas electorales en República Dominicana, en 2012 y 2016, el Centro Juan XXIII, Participación Ciudadana, Fundación Masada y Santiago Somos Todos, depositaron nuevos elementos de pruebas para que se actúe contra los implicados.
Las organizaciones firmantes, a las que se adhirió el Centro Juan Montalvo, no descartan acudir a cortes internacionales si en el país persiste el manto de la impunidad en torno a los casos de corrupción.
Deploraron en rueda de prensa que a pesar de la gravedad de los ilícitos la Procuraduría General de la República no haya avanzado con las investigaciones a cuatro meses de haber recibido la denuncia.
El documento leído por la coordinadora general de Participación Ciudadana (PC), Marisela Sánchez, precisa que la referencia de elementos probatorios son fehacientes y concordantes.
A los fines de robustecer la denuncia original, las organizaciones añadieron nuevos elementos de prueba relacionados a acontecimientos que ocurrieron posterior a su entrega el pasado 2 de mayo.
Entre estos, las declaraciones de Juan Temístocles Montás, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quien admitió en un comunicado publicado en espacio pagado, que recibió aportes para tres campañas políticas de su partido por parte de Ángel Rondón, representante comercial en el país de la empresa Odebrecht, durante los años 2008, 2012 y 2016.
También se agrega la declaración del coimputado Víctor José Díaz Rúa, en la que narró que para la construcción de la segunda etapa del acueducto de la Línea Noroeste en el año 2005, el entonces secretario de la Presidencia, Danilo Medina Sánchez, fue quien personalmente dirigió la misión oficial que se trasladó a Brasil a gestionar el apoyo financiero para ésta y otras obras públicas. “Esta declaración se produjo para justificar lo innecesario que resultaba la intervención del señor Angel Rondón como intermediario en las relaciones entre el Estado dominicano y la empresa Odebrecht”, explicaron.
Lamentaron que el procurador General de la República sea un funcionario atado políticamente al presidente Danilo Medina, ya que encabezó un movimiento en la campaña.