SANTO DOMINGO. La Procuraduría General aseguró este domingo que durante la ampliación de las investigaciones sobre el caso de los sobornos para la compra de los ocho aviones Super Tucano “profundizó todas las menciones” de congresistas y exfuncionarios y que “las pesquisas no arrojaron evidencias” que comprometieran a otras personas que no fueran las que se sometió formalmente.
“Hasta el momento de depositar la acusación formal de este caso (los sobornos para los Tucano), las pesquisas no arrojaron evidencia fehaciente que comprometa la responsabilidad penal de otras personas o empresas”, afirma la Procuraduría en una comunicación de prensa.
No obstante, explica que, “si durante el juicio preliminar o al concluir diligencias investigativas que esperan respuesta desde el extranjero, alguien más resulta señalado y comprometido en estos ilícitos, el Código Procesal Penal permite que el Ministerio Público también le someta a la justicia en acusación separada o ampliando la que fue depositada”.
En la primera fase de la investigación del caso, que involucra 3.5 millones dólares, la directora de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa, Laura Guerrero Pelletier, informó que varios legisladores estaban involucrados, pero ni uno fue sometido a la justicia.
En los documentos remitidos por las autoridades brasileñas, incluyendo fotografías, figura el senador de la provincia Hermanas Mirabal, Luis René Canaán Rojas, y según la tesis manejada en principio por los investigadores, esa habría sido la persona que recibió el dinero para garantizar los votos necesarios para la aprobación del préstamo de 94 millones de dólares con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).
La Procuraduría recuerda este domingo que los acusados la semana pasada están encabezados por un exministro de las Fuerzas Armadas, el mayor general retirado Rafael Peña Antonio, y el exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana, coronel Carlos Piccini Núñez.
Igualmente, dijo que la acusación incluye a los empresarios Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández, junto a Ysrael Abreu Rosario y a Félix Del Orbe Berroa, así como a las empresas Embraer, Magycorp, S.R.L. y 4D Business Group.
Destacó también que la investigación en el país de este caso inició a comienzos del 2016 y que hasta la extensión del plazo para la misma, autorizada por un juez a mediados de 2017, solamente había cuatro imputados
De igual modo, indicó que la ampliación y profundización de la indagatoria permitió adicionar como nuevos inculpados a otras dos personas y tres compañías, además de fortalecer el expediente, dotándolo de nuevas evidencias.