“No ponemos duda que estemos creciendo, pero estamos creciendo sin desarrollo (...). Es una burbuja y está a punto de explotar”, señaló Castellanos Duarte al referirse al crecimiento económico del país, que desde hace años se cuenta entre los más altos de América Latina.
Lo dice porque asegura que 68 % de la reactivación de la economía dominicana se sostiene gracias al endeudamiento, y que eso tendrá, tarde o temprano, consecuencias negativas. El monto de la deuda dominicana se ubicó en US$35,942.5 millones en diciembre pasado, de acuerdo a los datos oficiales. Esto quiere decir que el endeudamiento representa 40.4 % de lo que produce la economía dominicana. Pero para el presidente de la Aneih lo relevante no es ese porcentaje, sino cuánto del ingreso del país proviene del endeudamiento.
Por eso, en medio de la necesidad de generar un modelo de crecimiento que se derrame hacia todos los sectores de la sociedad y de controlar los niveles de deuda, Castellanos Duarte destaca la urgencia de llevar adelante una reforma fiscal. Pero no una que aumente impuestos con el único objetivo de inyectar ingresos fiscales al Estado, sino una que involucre la responsabilidad y la calidad del gasto público, que revise las exenciones para mantener las que realmente son incentivos y elimine las que se han convertido en privilegios, y sí: una reforma que rebaje los impuestos, específicamente el ITBIS, y que amplíe la base de recaudación para que se pague menos en tributos por una canasta más amplia de bienes y servicios.
En el caso del ITBIS, la propuesta de los industriales agrupados en Aneih es reducir la tasa de 18 % a 10 % y analizar qué otros productos o servicios pueden ser gravados con ese impuesto.
Castellanos Duarte confía en la metodología de una discusión que incluya a todos los sectores de la sociedad para concretar la reforma fiscal, similar a la que llevó al acuerdo del Pacto Eléctrico, si bien este último no ha podido firmarse por la falta de apoyo de todos los partidos políticos.
“Esperamos que no haya un choque de intereses”, resaltó Castellanos Duarte.
Aseguró que la participación de todos los actores civiles en la definición del nuevo modelo fiscal resulta necesaria porque considera que al actual gobierno no le interesa llevar adelante una reforma fiscal que incluya obligaciones en el buen manejo del dinero público. El representante del gremio recordó que en el Congreso hay un proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal desde hace años que no ha sido aprobado “porque al Gobierno no le interesa aprobarlo”.
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