De acuerdo con el informe anual de los Derechos Humanos publicado por el Departamento de Estado, en octubre de 2019 un comentarista televisivo de Monte Plata informó que recibió amenazas debido a su cobertura crítica de las conexiones de los políticos locales con los narcotraficantes.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) informó que los periodistas dominicanos sufrieron ataques violentos por parte de militares y policiales de los funcionarios del Gobierno, particularmente al cubrir las protestas dirigidas por la sociedad civil.
Uno de los casos mencionados en el informe anual es el del comunicador Marino Zapete, quien fue despedido del programa “Jarabe de Zapete”, transmitido por Teleradio América, tras denunciar un informe de investigación alegando que la hermana del procurador general de la República Jean Alain Rodríguez, Maybeth Rodríguez, habría recibido contratos gubernamentales sin licitación por valor de 750 millones de pesos dominicanos.
“El programa demostró que en el momento en que se firmaron los contratos, la hermana estaba cobrando un salario como empleada del ministerio de Obras Públicas. El periodista alegó que su programa fue cancelado después de que el fiscal general llamó al dueño de la estación y amenazó con acciones legales. El 30 de septiembre, la Asociación de Periodistas realizó una conferencia de prensa denunciando la interferencia política para silenciar los informes sobre corrupción”, indica el informe.
Detalla que los periodistas tienen derecho a proteger la confidencialidad de sus fuentes, sin embargo los periodistas utilizaron la autocensura, particularmente cuando la cobertura podría afectar negativamente los intereses económicos o políticos de los propietarios de los medios.
“Los observadores sugirieron que el gobierno influyó en la prensa a través de contratos publicitarios. Una destacada periodista que presentó un programa de televisión de noticias y comentarios de alta calificación declaró que su salida de los medios tradicionales fue un ejemplo de la influencia del Gobierno en los medios de comunicación. Destacó que el gobierno gastó cerca de 12.5 millones de pesos (250,000 de pesos diarios) en anuncios”, señala.
Indica que la ley penaliza la difamación y el insulto, con castigos más severos por delitos cometidos contra figuras públicas o estatales que por delitos contra particulares. El Colegio Dominicano de Periodistas informó que los periodistas fueron demandados por políticos, funcionarios gubernamentales y el sector privado para presionarlos para que dejaran de informar.