El candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo y seis partidos aliados, rechazó anoche la propuesta del gobierno para que el Consejo Económico y Social conduzca el diálogo, que busca superar la crisis política e institucional que vive el país tras la suspensión de las elecciones municipales del 16 de febrero pasado, que causaron consternación e indignación en la población dominicana.
El expresidente Leonel Fernández advirtió que el gobierno, siendo un actor de principal importancia en esa situación, carece de legitimidad para dirigir un diálogo cuyo propósito es precisamente el de superar la crisis de confianza y de enojo que existe con respecto al propio gobierno y a las autoridades de la Junta Central Electoral (JCE).
Fernández sostuvo, en un discurso a la nación, que al ser un órgano del gobierno, el Consejo Económico y Social está descalificado políticamente para servir de organizador del diálogo, por lo que las consultas que se realizaban culminaron el pasado sábado.
Aseguró que conforme al artículo 251 de la Constitución, el Consejo Económico y Social se creó como órgano consultivo del Poder Ejecutivo, y que la Ley que lo norma, la 142-15, en su artículo 3 establece que es un órgano consultivo y de concertación social del Poder Ejecutivo, de carácter nacional, intersectorial e interterritorial, de carácter permanente, adscrito al Ministerio de la Presidencia.
Afirmó que en busca de construir un consenso que permitiese una solución pacífica, democrática e incluyente a la crisis institucional, sectores de gran influencia y representatividad del mundo político, empresarial, religioso y de la sociedad civil, se incorporaron a estos esfuerzos,.
Fernández detalló que la agenda se concentraba en tres puntos esenciales: primero, la conformación de una comisión de acompañamiento a la JCE; segundo, el establecimiento de garantías electorales para los dos próximos procesos, esto es, el de las elecciones municipales del 15 de marzo, y las presidenciales y congresuales del 17 de mayo, y tercero, establecer las responsabilidades de lugar a propósito de la suspensión del torneo electoral del 16 de febrero.
Planteó que en general, los sectores involucrados han favorecido estos puntos de agenda, y que entre los partidos opositores hubo, en principio, un acuerdo de quienes serían los integrantes de la Comisión de Diálogo, acompañantes y facilitadores.
Fernández citó que entre las instituciones y personalidades consieradas estaban el Consejo Nacional de Hombres de Empresas (Conep). iglesias Católica y Evangélica, Participación Ciudadana, por la sociedad civil, y una destacada figura nacional. Mientras como acompañantes internacionales se estimó la participación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y Unión Europea.
Dijo que estas sugerencias eran vistas con beneplácito por parte de los actores involucrados, pero que se veían obstruidas por el gobierno que promovía la participación de actores vinculados a la esfera oficial, lo que motivaba la necesidad de presentar nuevas alternativas, que, a su vez, eran desestimadas por los representantes del gobierno.
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El expresidente Leonel Fernández advirtió que el gobierno, siendo un actor de principal importancia en esa situación, carece de legitimidad para dirigir un diálogo cuyo propósito es precisamente el de superar la crisis de confianza y de enojo que existe con respecto al propio gobierno y a las autoridades de la Junta Central Electoral (JCE).
Fernández sostuvo, en un discurso a la nación, que al ser un órgano del gobierno, el Consejo Económico y Social está descalificado políticamente para servir de organizador del diálogo, por lo que las consultas que se realizaban culminaron el pasado sábado.
Aseguró que conforme al artículo 251 de la Constitución, el Consejo Económico y Social se creó como órgano consultivo del Poder Ejecutivo, y que la Ley que lo norma, la 142-15, en su artículo 3 establece que es un órgano consultivo y de concertación social del Poder Ejecutivo, de carácter nacional, intersectorial e interterritorial, de carácter permanente, adscrito al Ministerio de la Presidencia.
Los obstáculos
“El gobierno no debe empecinarse en desempeñar un rol de mediación, a través de sus instituciones, en el dialogo tan anhelado en estos momentos por el pueblo dominicano. Debe, simplemente, limitarse a asumir su rol de parte en el proceso, como todos los demás; y en lugar de generar obstáculos y dilaciones para su realización, contribuir, por el contrario, de manera franca y sincera a su culminación exitosa en beneficio de todo el pueblo dominicano”, dijo el exmandatario.Afirmó que en busca de construir un consenso que permitiese una solución pacífica, democrática e incluyente a la crisis institucional, sectores de gran influencia y representatividad del mundo político, empresarial, religioso y de la sociedad civil, se incorporaron a estos esfuerzos,.
Fernández detalló que la agenda se concentraba en tres puntos esenciales: primero, la conformación de una comisión de acompañamiento a la JCE; segundo, el establecimiento de garantías electorales para los dos próximos procesos, esto es, el de las elecciones municipales del 15 de marzo, y las presidenciales y congresuales del 17 de mayo, y tercero, establecer las responsabilidades de lugar a propósito de la suspensión del torneo electoral del 16 de febrero.
Planteó que en general, los sectores involucrados han favorecido estos puntos de agenda, y que entre los partidos opositores hubo, en principio, un acuerdo de quienes serían los integrantes de la Comisión de Diálogo, acompañantes y facilitadores.
Fernández citó que entre las instituciones y personalidades consieradas estaban el Consejo Nacional de Hombres de Empresas (Conep). iglesias Católica y Evangélica, Participación Ciudadana, por la sociedad civil, y una destacada figura nacional. Mientras como acompañantes internacionales se estimó la participación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y Unión Europea.
Dijo que estas sugerencias eran vistas con beneplácito por parte de los actores involucrados, pero que se veían obstruidas por el gobierno que promovía la participación de actores vinculados a la esfera oficial, lo que motivaba la necesidad de presentar nuevas alternativas, que, a su vez, eran desestimadas por los representantes del gobierno.
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