Expresa que ante la creciente cantidad de infectados por coronavirus, que según cifras oficiales hoy ascienden a 202 los casos confirmados, el dirigente político consideró preocupante el incremento de un 80% de los casos, aún en tiempos en que el país se está en estado de emergencia.
El Gobierno dominicano debe tomar cartas en el asunto en aras de prevenir la propagación, ya que de seguir así, al finalizar la cuarentena estaríamos cuantificando más de mil infectados, lo cual se triplicaría cuando las personas se reintegren a la cotidianidad, dado que muchas personas desconocen que poseen el Covid-19, porque al no presentar síntomas se hacen las pruebas de rigor, debido al alto costo de las mismas. Y siendo esto un problema de salubridad pública de alarma nacional, es responsabilidad principal del Estado cubrirla”, destacó el político.
Afirma que el gobierno se hace de la vista gorda y no asume el costo de las pruebas de detección del coronavirus, que es el único mecanismo eficaz para evitar su rápida y prolongada propagación”, subrayó.
Domínguez Trujillo, criticó el hecho de que pasen los días sin que se tome la decisión ni de subsidiar las pruebas de laboratorios como tampoco hacerse de este tipo de test que, además de resultar más barato en comparación con las que se vienen haciendo, permite examinar a más personas, casi 4 mil por día.
“Esta negligencia estatal está poniendo en riesgo a la población, ya que el precio de las pruebas es lo único que limita a que cada vez más personas puedan conocer su situación real de salud. ¿Qué va a pasar luego de la cuarentena, cuando personas asintomáticas, pero infectadas con el virus se reintegren a sus trabajos, a sus lugares de estudio y demás? Un caos de insalubridad nacional, eso es lo que va a pasar” advirtió Domínguez Trujillo.
En ese sentido, deploró que el gobierno haya solicitado un nuevo préstamo por US$300 Millones de dólares para hacer frente a esta pandemia, sin explicar en qué se invirtieron los US$750 Millones que se han solicitado, desde el 2017, para resolver exclusivamente asuntos relativos a catástrofes y emergencias de esta naturaleza.
“Este dinero no pudo haberse gastado ya que esta es la primera emergencia que podría justificar el retiro de esos fondos”, recalcó.
Asimismo, explicó que los préstamos, hechos con el BID, se hicieron con el objetivo de prevenir y mitigar los efectos de situaciones como las que se están viviendo con el coronavirus, tanto en la economía como en la sociedad y las finanzas públicas.
Aseguró que “esos fondos, junto a la cobertura de la póliza de seguro paramétrico que acompaña a los préstamos adquiridos, son los que hubieran permitido cubrir los gastos públicos extraordinarios hasta por US$50 millones, que en este caso nos hubiera permitido realizar las pruebas masivamente para combatir efectivamente la propagación del mismo, así como garantizar el abastecimiento de los insumos de salud que se necesitan para brindar las adecuadas atenciones de salud”, concluyó Ranfis.
El Gobierno dominicano debe tomar cartas en el asunto en aras de prevenir la propagación, ya que de seguir así, al finalizar la cuarentena estaríamos cuantificando más de mil infectados, lo cual se triplicaría cuando las personas se reintegren a la cotidianidad, dado que muchas personas desconocen que poseen el Covid-19, porque al no presentar síntomas se hacen las pruebas de rigor, debido al alto costo de las mismas. Y siendo esto un problema de salubridad pública de alarma nacional, es responsabilidad principal del Estado cubrirla”, destacó el político.
Afirma que el gobierno se hace de la vista gorda y no asume el costo de las pruebas de detección del coronavirus, que es el único mecanismo eficaz para evitar su rápida y prolongada propagación”, subrayó.
Domínguez Trujillo, criticó el hecho de que pasen los días sin que se tome la decisión ni de subsidiar las pruebas de laboratorios como tampoco hacerse de este tipo de test que, además de resultar más barato en comparación con las que se vienen haciendo, permite examinar a más personas, casi 4 mil por día.
“Esta negligencia estatal está poniendo en riesgo a la población, ya que el precio de las pruebas es lo único que limita a que cada vez más personas puedan conocer su situación real de salud. ¿Qué va a pasar luego de la cuarentena, cuando personas asintomáticas, pero infectadas con el virus se reintegren a sus trabajos, a sus lugares de estudio y demás? Un caos de insalubridad nacional, eso es lo que va a pasar” advirtió Domínguez Trujillo.
En ese sentido, deploró que el gobierno haya solicitado un nuevo préstamo por US$300 Millones de dólares para hacer frente a esta pandemia, sin explicar en qué se invirtieron los US$750 Millones que se han solicitado, desde el 2017, para resolver exclusivamente asuntos relativos a catástrofes y emergencias de esta naturaleza.
“Este dinero no pudo haberse gastado ya que esta es la primera emergencia que podría justificar el retiro de esos fondos”, recalcó.
Asimismo, explicó que los préstamos, hechos con el BID, se hicieron con el objetivo de prevenir y mitigar los efectos de situaciones como las que se están viviendo con el coronavirus, tanto en la economía como en la sociedad y las finanzas públicas.
Aseguró que “esos fondos, junto a la cobertura de la póliza de seguro paramétrico que acompaña a los préstamos adquiridos, son los que hubieran permitido cubrir los gastos públicos extraordinarios hasta por US$50 millones, que en este caso nos hubiera permitido realizar las pruebas masivamente para combatir efectivamente la propagación del mismo, así como garantizar el abastecimiento de los insumos de salud que se necesitan para brindar las adecuadas atenciones de salud”, concluyó Ranfis.